Cinco víctimas más de violencia en el colegio militar Elías Aguirre
Denuncian golpes, insultos de personal militar y cobros irregulares tras el retiro de cadetes afectados.
Una profunda y alarmante crisis institucional sacude los cimientos del emblemático Colegio Militar Elías Aguirre de Chiclayo, tras revelarse un expediente administrativo y legal que agrupa múltiples denuncias presentadas por padres de familia ante la dirección del plantel. Los nuevos casos documentados de forma oficial destapan un panorama crítico de hostigamiento sistemático, agresiones físicas brutales, expresiones de contenido sexual explícito y graves abusos perpetrados tanto por compañeros de grados superiores y cadetes monitores como por el propio personal subalterno de la institución castrense, evidenciando una preocupante falta de garantías para la integridad física y emocional de los menores albergados bajo el régimen militar.
Entre los casos más graves y detallados en los actuados figura el de la víctima de iniciales C. (14), cursante del tercer año de secundaria, cuyo expediente detalla que fue brutalmente agredido por cadetes monitores de quinto año identificados con las iniciales V., M. y S. Según la manifestación de su madre, el menor sufrió ataques físicos directos consistentes en patadas y severos golpes propinados con los borceguíes —los pesados zapatos de uso militar— en la zona de la cadera y el rostro. Lo indignante del caso es que existen registros audiovisuales almacenados en teléfonos celulares donde se observa claramente a los agresores perpetrando los castigos mientras otros cadetes observaban o se encontraban cubiertos con frazadas para encubrir la agresión. Ante la nula seguridad y la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, la familia formalizó su retiro del colegio.
Asimismo, el expediente expone con suma crudeza el caso del cadete M. (14), del tercer grado, cuya familia denunció formalmente un severo maltrato físico y psicológico cometido por el monitor designado con iniciales H. Según con la acusación legal, el funcionario castrense agredió al menor propinándole violentos puñetes en la espalda y la cabeza en horas de la noche, lo que le provocó fuertes e incapacitantes dolores de cabeza. Lejos de cumplir con su deber de auxilio, el monitor incurrió en una abierta y temeraria negligencia al negarle el traslado inmediato al tópico de enfermería a las 11:00 de la noche, limitándose a ordenarle de manera indolente que se mojara la cabeza y se acostara boca arriba. Debido a esta negativa, el menor comenzó a arrojar restos de sangre en la saliva producto de la contusión cerebral, concretándose la atención médica real recién ocho horas después, lo que pudo desencadenar un trágico desenlace.
Asimismo, el informe saca a la luz la dramática situación del estudiante A. (15), cuya madre interpuso una denuncia directa y nominal contra el técnico del EP Marco Bernal González por presunto abuso de autoridad y hostigamiento constante. El suboficial, en su calidad de adulto y funcionario a cargo de la disciplina, se dirigió al menor —quien estaba delicado de salud y postrado en las instalaciones— usando expresiones denigrantes y soeces, tales como “maricón”, “rosquete” y “burro”, además de espetarle con desprecio que “todo lo que él hace le llega al pin...” y que con “una sola pastilla sanaba”, vulnerando flagrantemente su dignidad humana y generando un cuadro agudo de temor, angustia y rechazo absoluto a continuar en el plantel.
MÁS VÍCTIMAS
A estos testimonios se suman los expedientes de otros menores afectados, como el del cadete V. (14), retirado por su familia tras soportar constantes abusos y agresiones físicas durante los denominados “cocteles” y formaciones, y el del cadete Á. (16), quien también debió ser transferido de urgencia a otra institución educativa estatal tras ser víctima de bullying y violencia escolar generalizada. Los padres de familia denuncian además presuntos cobros irregulares, exigiendo la devolución de montos elevados por conceptos de vestuario, matrículas y pensiones retenidas (que superan los 3,600 soles) pese a que se vieron obligados a retirar a sus hijos para salvaguardar sus vidas. Ante este panorama de encubrimiento y presunta omisión de funciones por parte de la Dirección, los afectados exigen la intervención del Ministerio de Defensa.
