Alcaldesa y regidores de la MPCH declaran en Divincri
Regidores Quispe y Arévalo son investigados por presunta usurpación de funciones y abuso de autoridad en Chiclayo.
La investigación por la presunta usurpación de funciones y abuso de autoridad contra dos regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo volvió a poner en el centro de la controversia al Concejo Municipal. La alcaldesa acudió el día jueves 27 de agosto, a la sede de la Divincri Chiclayo para participar en las diligencias ordenadas por el Ministerio Público contra la regidora María Mercedes Quispe Alejandría y el primer regidor Jorge Arévalo.
La denuncia fue presentada por la propia alcaldesa, luego de una serie de actuaciones promovidas por los regidores en el marco del procedimiento de suspensión acordado por el Concejo Municipal.
El caso se encuentra ahora en etapa de diligencias preliminares y la Policía deberá recoger declaraciones, documentos y otros elementos que permitan determinar si existen indicios de la comisión de los delitos denunciados.
Quispe Alejandría se pronunció sobre la investigación y sostuvo que tanto ella como regidor Jorge Arévalo actuaron dentro de las atribuciones que, según su posición, les corresponden como integrantes del Concejo Municipal. Recordó que ocho regidores solicitaron a la alcaldesa convocar a una sesión extraordinaria para abordar un pedido de suspensión relacionado con declaraciones que, a su criterio, afectaban la imagen de Chiclayo y de la propia institución.
“Ella nos ha denunciado al regidor Arévalo y a mi persona, indicando que nosotros habríamos ejercido una usurpación de funciones y un abuso de autoridad”, manifestó la regidora al explicar el origen de la investigación.
Según Quispe, a su salida de la sede de la Divincri, los agentes deberán recopilar información para luego remitir un informe al Ministerio Público.
Sostuvo que entre la documentación solicitada por la autoridad policial figuran el Reglamento Interno del Concejo, la Ley Orgánica de Municipalidades y las actas relacionadas con la habilitación de los regidores para intervenir en las actuaciones vinculadas con la Comisión de Ética.
La regidora insistió en que será el Ministerio Público el que determine, luego de evaluar los elementos recogidos por la Policía, si existen suficientes indicios para continuar con la investigación fiscal.
Por ahora, explicó, el caso se encuentra en una etapa preliminar y todavía no existe una determinación sobre la responsabilidad de los denunciados.
El conflicto, sin embargo, no termina en la vía fiscal. En paralelo permanece pendiente el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre el procedimiento de suspensión que originó la disputa política dentro del municipio chiclayano.
