PEOT contrató a servidor condenado por corrupción
Contraloría detectó que entidad incorporó a un servidor inhabilitado y validó sus servicios pese al impedimento.
Una grave irregularidad sacude al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). La Contraloría General de la República reveló que, durante el 2025, la entidad contrató a un servidor público que tenía un impedimento vigente para prestar servicios al Estado, una situación que, según el órgano de control, vulneró la legalidad, la transparencia y el correcto funcionamiento de la administración pública.
El hallazgo está contenido en el Informe de Acción de Oficio Posterior N°. 0092026OCI/0610AOP, donde se concluye que el PEOT suscribió un contrato de locación de servicios con Esar Aguilar Valdera, quien registraba una inhabilitación vigente para ejercer función pública tras ser condenado por corrupción en el caso ‘Los Temerarios del Crimen’, red que habría encabezado el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo.
El contrato fue firmado el 6 de junio de 2025 para brindar el servicio de “apoyo en asistencia técnica administrativa para la Gerencia General del Proyecto Especial Olmos Tinajones”, por un plazo de 90 días y con honorarios de S/ 6 000.
Sin embargo, la Contraloría determinó que la entidad no realizó las verificaciones obligatorias antes de concretar la contratación.
La consulta se efectuó únicamente utilizando el número de RUC del proveedor, lo que permitió conocer su condición en el Registro Nacional de Proveedores, pero omitió una revisión con el número de DNI y en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, donde figuraba el impedimento vigente.
La omisión no es un detalle menor. El informe recuerda que la normativa de SERVIR obliga a todas las entidades públicas a verificar, antes de cualquier incorporación, que la persona no se encuentre inhabilitada para ejercer función pública. De comprobarse esa condición, el postulante debe ser automáticamente descalificado y no puede ser contratado bajo ninguna modalidad.
Lo más delicado es que, pese a esta restricción, el PEOT no solo formalizó el contrato, sino que también otorgó conformidad a los servicios prestados mediante memorandos emitidos en agosto y setiembre de 2025, validando el trabajo realizado por el proveedor.
La situación adquiere mayor relevancia debido a que Esar Aguilar Valdera fue condenado por el delito de corrupción de funcionarios cuando se desempeñaba como consejero del Gobierno Regional de Lambayeque, hecho que derivó en la sanción e inhabilitación registrada en SERVIR.
