Pagó por peritaje erróneo en colegio Inmaculada
Proyecto de S/ 19,3 millones se encuentra concluido, pero aún no funciona debido a 235 observaciones relacionadas a elementos estructurales.
Para no creerlo. La Contraloría General de la República detectó que el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) otorgó conformidad y pagó S/ 145 000 a un consultor por el servicio de peritaje estructural a la obra de mejoramiento de la institución educativa Inmaculada Concepción N°. 11014, de Chiclayo, pese a que el informe técnico contenía coeficientes sísmicos erróneos e injustificados que alteraron los parámetros de seguridad; es decir, la entidad aceptó un diagnóstico técnicamente inválido.
La obra, que contó con S/ 18 642 037 para ejecución y S/ 692 081 para supervisión, se encuentra concluida, pero aún no funciona debido a que el comité de recepción identificó 235 observaciones, incluidas modificaciones estructurales que generan dudas sobre la seguridad de la edificación.
Como consecuencia de ello, alrededor de 1790 estudiantes (según censo 2023) de los niveles de primaria (1153) y secundaria (637) continúan desarrollando sus actividades académicas en locales alquilados desde hace varios años.
Según el Informe de Control Específico N°. 013202625343SCE, que evaluó el periodo comprendido entre el 10 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025, las edificaciones ED01, ED04 y ED06 están conformadas por placas de concreto armado en uno de sus ejes, pero el consultor del peritaje las clasificó como estructuras de albañilería confinada, reduciendo los parámetros de diseño sísmico aplicados.
Tal inconsistencia fue alertada previamente mediante el Informe N°. 0912024OCI/5343SCC, pero la entidad pagó por el peritaje que duró 60 días pese a que la propuesta de reforzamiento estructural se basó en una premisa técnica errónea.
El resultado del estudio proponía implementar “disipadores sísmicos” para aumentar la rigidez de la estructura y construir “placas de concreto armado” donde estas ya existían, lo que evidenció que el consultor omitió información clave respecto a la infraestructura preexistente.
La Contraloría detectó también que la entidad omitió aplicar “otras penalidades” establecidas en el contrato N°. 000024-2024. Estas equivalían a una unidad impositiva tributaria (UIT) por cada información incorrecta. En total, se detectaron nueve inconsistencias técnicas, por lo que se debió aplicar penalidades hasta el límite máximo permitido del 10 % del monto contractual (S/ 145 000), es decir, S/ 14 500.
No obstante, el GORE devolvió la garantía de fiel cumplimiento y liquidó el contrato, sin aplicar las penalidades advertidas oportunamente por el Órgano de Control Institucional. Por estos hechos, se identificó la presunta responsabilidad civil y administrativa de un exfuncionario regional.
Tras el peritaje, en febrero de 2025, el GORE contrató la elaboración de un expediente técnico de saldo de obra por S/ 350 683, y en marzo la supervisión por S/ 74 265. Ambos contratos fijaron un plazo de ejecución de 60 días calendario; sin embargo, el proceso acumuló observaciones, cambio de especialista estructural del equipo consultor y reiterados requerimientos para el cumplimiento de los entregables.
Recién en diciembre de 2025 se otorgó la conformidad al primer entregable sin aplicar penalidades, y en enero de 2026 la entidad requirió al consultor presentar el segundo entregable.
