Un tribunal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque dictó nueve meses de prisión preventiva contra Rosa María Bendezú H., de 36 años de edad, investigada por presunta comisión del delito de extorsión, en grado de tentativa, en agravio del empresario chiclayano Javier M. S.
Según la investigación realizada por personal de la Policía y Ministerio Público, la imputada habría participado junto a otros sujetos aún no identificados en la exigencia de dinero mediante amenazas contra la vida e integridad del agraviado y su familia, facilitando cuentas bancarias registradas a su nombre para recibir el dinero solicitado ilícitamente.
Los hechos se iniciaron el 7 de mayo de 2026 cuando la víctima recibió mensajes extorsivos de un sujeto que se identificó como “El Colocho”, quien exigió inicialmente S/ 30 000 y luego redujo el monto a S/ 8 000, manteniendo las amenazas a través de diversas líneas telefónicas.
Las diligencias permitieron establecer que una de las cuentas utilizadas en las negociaciones estaba activa y pertenecía a la investigada. Además, durante su intervención policial en Ate, Lima, se le encontró una tarjeta vinculada a dicha cuenta y un celular que presentaba aparentes indicios de haber sido reseteado.
Estos elementos sustentaron el requerimiento fiscal de prisión preventiva, el cual fue declarado fundado por el Poder Judicial.
De otro lado, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria, a través de la fiscal Erika Barboza Alarcón, logró nueve meses de prisión preventiva contra Jorge Rolando Y.P. por el delito contra la libertad sexual, en su modalidad de violación sexual de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento, en agravio de su prima.
Los hechos sucedieron el día 27 de mayo de 2026 cuando la agraviada, en compañía de sus familiares, participaron en una reunión en el caserío Calazán, donde también llegó el imputado.
ABUSÓ DE LA AGRAVIADA
En un momento de la reunión, la agraviada fue llevada a descansar a su casa, lo que aprovechó el imputado para abusarla sexualmente, hechos que fueron descubiertos por sus familiares quienes lo denunciaron ante la Policía, que procedió a su detención y traslado a la comisaría.
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público sustentó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito, como el acta de intervención policial, la declaración de la víctima y de la testigo presencial, el reconocimiento médico legal y el dictamen pericial de biología forense.
Asimismo, se demostró la existencia de peligro procesal de fuga y de obstaculización, debido a que el investigado carece de arraigo domiciliario, laboral y familiar sólido, sumado a la gravedad de la pena que se espera imponer, la cual se estima en una sanción mínima de 20 años de pena privativa de la libertad efectiva.
