Habrían direccionado el alquiler de vehículos para la MPCH
La Fiscalía Anticorrupción investiga a exfuncionarios de la comunade Chiclayo por presunta comisión del delito de colusión en el año 2020.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga a exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que formaron parte de la gestión del exalcalde Marco Gasco Arrobas, por su presunta participación en el delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión, relacionado con la contratación de vehículos para labores de seguridad ciudadana.
De acuerdo con la carpeta fiscal Nº. 240607550020203370, el Ministerio Público formalizó y dispuso continuar la investigación preparatoria al considerar el caso como investigación compleja, fijando un plazo de ocho meses para el desarrollo de las diligencias.
Los investigados son Rosa del Milagro Villalobos Urteaga (subgerente de Logística) y Ani Colmenares Regalado (cotizadora de la Subgerencia de Logística), señaladas como presuntas autoras del delito; mientras que José Enríquez Cruz Cardozo (representante de la empresa ganadora de la buena pro) es investigado en calidad de presunto cómplice.
Según la denuncia consignada en la investigación fiscal, la comuna de Chiclayo contrató el alquiler de diez vehículos nueve automóviles y una camioneta con la empresa Multiservicios R.A del Norte E.I.R.L., supuestamente para reforzar el patrullaje y las acciones de seguridad ciudadana en beneficio de la población. El servicio fue contratado por un monto total de 62 mil soles.
Sin embargo, los denunciantes sostienen que esta contratación se realizó utilizando fondos provenientes del Decreto de Urgencia N.º 1152020, norma que dictaba medidas extraordinarias para la intervención en espacios públicos, sostenibilidad, ordenamiento urbano y seguridad en distritos focalizados.
De acuerdo con la citada disposición, el dinero transferido por el Gobierno Central a los gobiernos locales debía destinarse exclusivamente a la contratación de personal fiscalizador, bajo responsabilidad administrativa y penal en caso de utilizarse para otros fines.
En ese sentido, los denunciantes afirman que en ningún extremo del decreto se autoriza el uso de dichos recursos para contratar bienes o servicios, como el alquiler de vehículos maquinaria. Por ello, consideran que la decisión de destinar esos fondos al arrendamiento de unidades móviles constituiría un uso indebido de recursos públicos, lo que podría configurar también el delito de malversación.
La investigación también advierte presuntas irregularidades en el proceso de selección. Según la revisión realizada en la plataforma de contrataciones del Estado, SEACE, la buena pro fue otorgada a la empresa Multiservicios R.A del Norte E.I.R.L.
Lo que llama la atención de los denunciantes es que dicha empresa retiró y volvió a ingresar su propuesta económica en cuestión de minutos, en un mismo día, lo que le habría permitido conocer previamente las ofertas presentadas por las otras empresas competidoras.
Tras ese reingreso, la empresa presentó una propuesta por S/ 62 000, monto ligeramente menor al de las demás postoras, logrando finalmente adjudicarse el servicio.
De acuerdo con la denuncia, esta maniobra habría sido facilitada por la propia Municipalidad Provincial de Chiclayo, bajo el argumento de que la empresa inicialmente había ofertado el servicio por 31 días y no por 30, lo que permitió el retiro.
