La Contraloría ha emitido un informe de acción de oficio 059-2026-CG/GRLA-AOP que destapa serias irregularidades en la Municipalidad Provincial de Chiclayo relacionadas con el concurso CAS 001-2025, denominado “Convocatoria de contrato administrativo de servicios para las diferentes dependencias de la municipalidad con sostenibilidad presupuestal anual”.
El organismo de control identificó que las bases del concurso no fueron elaboradas ni aprobadas por el órgano competente, incumpliendo la normativa vigente que establece que estas deben ser elaboradas por la gerencia y aprobadas por acuerdo del Consejo Municipal. Además, los puntajes y ponderaciones de los factores de evaluación consignados en las bases difieren de lo establecido en el instructivo oficial, generando un proceso de selección irregular desde su inicio.
El informe revela que la comisión de evaluación y selección otorgó puntajes a 13 profesionales que no acreditaban cumplir con todos los requisitos exigidos en los perfiles establecidos, declarándolos como ganadores de las plazas correspondientes.
En total, se identificó que 22 profesionales seleccionados, que forman parte de la muestra revisada por la Contraloría, no contaban con la calificación mínima ni con los requisitos formales para los puestos que ocuparon en áreas estratégicas como Logística, Recursos Humanos, Control Urbano, Obras Privadas, Infraestructura, Supervisión y Liquidación de Obras, Asistencia Social y Parques y Jardines.
La convocatoria fue aprobada mediante la Resolución Gerencial 2742025, el 26 de marzo de 2025, por el gerente municipal Carlos Paredes García, y se llevó a cabo el 17 de mayo de 2025, para un total de 157 plazas con una certificación presupuestal de 4 536 495 soles.
El 8 de mayo de 2025, los miembros de la comisión evaluadora Alberto Risco, Marco Quispe y Lenin Guerrero aprobaron las bases del concurso en el acta 002-2025, pero la Contraloría señala que esto fue realizado por funcionarios que no contaban con competencia legal para tal fin.
Las irregularidades detectadas evidencian que la comuna contrató personal no calificado, poniendo en riesgo la eficiencia y transparencia de la gestión pública y afectando directamente a los servicios que deberían beneficiar a la ciudadanía.
El informe advierte que estas acciones podrían generar responsabilidad administrativa y penal para los funcionarios que aprobaron y ejecutaron el proceso sin cumplir la normativa.
