Usan maniobras para salvar a la alcaldesa
El secretario general de la MPCH retrasa la suspensión de alcaldesa, generando críticas y alarma ciudadana.
El secretario general de la municipalidad, Lenin Guerrero, ha generado polémica al devolver a la Comisión de Ética el expediente de 136 folios que plantea la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas Carranza, por presuntamente proporcionar información falsa durante el encendido del árbol navideño, conocido por algunos concejales como “El árbol de la vergüenza”.
El regidor Antonio Castillo Díaz afirmó que, con esta acción, Guerrero actúa como abogado indirecto de la alcaldesa, bloqueando el procedimiento y favoreciendo su impunidad.
La controversia se centra en la causalidad de la imputación: los concejales aseguran que la alcaldesa convocó al concejo en pleno para supervisar el encendido del árbol y luego, ante cuestionamientos, afirmó que la reunión era solo una “prueba”.
Esta contradicción, documentada en audios y registros escritos en redes sociales, constituye la base de la acusación de información falsa, tipificada como falta grave en los artículos 66, 77 y 78 del Reglamento Interno del Concejo y en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Castillo Díaz explicó que Guerrero devolvió el expediente solicitando precisiones sobre la causalidad y exigiendo la entrega física de los videos y audios que ya fueron puestos a disposición digitalmente, alegando que los documentos no serían válidos hasta estar en formato físico. El concejal interpreta esta acción como una maniobra deliberada para retrasar la sesión extraordinaria que podría aprobar la suspensión, favoreciendo a la alcaldesa al impedir que se cumpla el debido proceso.
El regidor aseguró que toda la documentación ya está adjuntada y accesible en las redes sociales, por lo que la excusa del secretario carece de sustento. “Esta estrategia no solo retrasa la justicia, sino que convierte al secretario general en un defensor encubierto de la alcaldesa”, señaló Castillo Díaz. La acción de Guerrero ha generado preocupación sobre la imparcialidad y transparencia en la gestión municipal.
El caso evidencia un enfrentamiento directo entre los mecanismos de control del concejo y la administración, donde el uso estratégico de formalismos legales podría dejar impune un hecho que ha sido ampliamente documentado y conocido por la opinión pública.
