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Publicado el Lunes, 19 de Enero del 2026

Develan presunta corrupción en comuna tumaneña

Exempleados investigados por presuntanegociación incompatible en el manejode fondos públicos de la comuna.
Investiga corrupción en comuna de Tumán

Exempleadosinvestigados por presunta negociación incompatible en el manejo de fondos públicos de la comuna.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó una investigación preparatoria por el presunto delito de negociación incompatible contra exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Tumán, en un caso que pone nuevamente bajo la lupa la gestión de recursos públicos en este distrito azucarero de Chiclayo. El proceso se sigue en el marco de la Carpeta Fiscal N.° 24-060-755-00-2020-41-0 y alcanza a Jesús Enrique Benavides Díaz, Sandra Verónica Tarrillo Herrera, Anany Tarrillo Herrera y a todos los que resulten responsables.

Según el requerimiento fiscal, los hechos investigados se remontan al 11 de agosto de 2016, cuando el entonces alcalde de Tumán, Rolando Barbosa Díaz, designó a Jesús Enrique Benavides Díaz como tesorero municipal, otorgándole la responsabilidad del manejo y custodia de los fondos fijos de la caja chica durante el ejercicio presupuestal de ese año. Para ello, se autorizó la apertura de un fondo de S/ 5,000, proveniente de los ingresos propios de la comuna.

La Fiscalía sostiene que esta designación no fue un hecho aislado, sino que se repitió de manera consecutiva. En enero de 2017, mediante resolución de alcaldía, Benavides Díaz volvió a ser nombrado responsable de la caja chica por el mismo monto. Esta decisión fue ratificada nuevamente el 8 de enero de 2018, a través de la Resolución de Alcaldía N.° 014-2018, manteniendo el mismo esquema administrativo.

De acuerdo con la investigación, el entonces gerente de Administración, Leónidas Calvay Sánchez, solicitó mediante memorándums el giro de cheques por S/ 5,000 para la apertura y reposición de la caja chica. En enero de 2018, la Municipalidad de Tumán depositó dicho monto en una cuenta corriente a favor de Jesús Enrique Benavides Díaz, en su condición de jefe de la Unidad de Tesorería.

Lo más grave, según la Fiscalía, es que durante el año 2018 Benavides Díaz habría realizado diversas compras directas con fondos de caja chica, entre ellas adquisiciones a favor de la empresa Corporación El Sinto S.A.C. El Ministerio Público advierte que, al momento de efectuarse dichas compras, Sandra Verónica Tarrillo Herrera se desempeñaba como gerente general de la citada empresa y mantenía un vínculo familiar directo con el funcionario investigado (hermana de la cónyuge del extrabajador), situación que habría generado un evidente conflicto de intereses.

El caso se agrava con los presuntos hechos detectados en los procesos de reposición de fondos. En agosto de 2018, Benavides Díaz remitió documentación sustentatoria para justificar el gasto total de la caja chica; sin embargo, pese a las observaciones administrativas, se continuó autorizando nuevas reposiciones por el mismo monto. Incluso, se habrían validado boletas por la compra de materiales eléctricos y otros insumos sin que se corrijan las presuntas irregularidades advertidas previamente.
 
Para la Fiscalía, este conjunto de decisiones administrativas habría permitido un uso indebido de los recursos municipales, afectando directamente los intereses del Estado y de la población de Tumán. 

FISCALÍA AMPLÍA PESQUISA

El despacho de la Fiscalía ordenó continuar con la recopilación de información en la investigación que se sigue por presunta negociación incompatible en la comuna de Tumán. Como parte de las diligencias, se dispuso tomar las declaraciones de exfuncionarios municipales y de representantes de la empresa El Cinto, para esclarecer los hechos imputados.

Según el Ministerio Público, esta etapa resulta clave para reconstruir el presunto esquema de manejo irregular de fondos públicos y determinar el grado de participación de cada uno de los investigados.

La formalización de la investigación abre un periodo decisivo para establecer responsabilidades penales y confirmar si desde la gestión municipal se habría favorecido a terceros.
 

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