El informe de auditoría de la Contraloría General de la República N° 047-2025-2-0633 ha puesto al descubierto presuntas irregularidades en la adquisición de soluciones médicas en el Hospital Regional Lambayeque, específicamente en la compra de gluconato de clorhexidina durante los años 2023 y 2024.
La fiscalización abarcó desde el 24 de febrero de 2023 hasta el 11 de noviembre de 2024 y reveló serias deficiencias en los procesos de adjudicación y control.
De acuerdo al informe, los procedimientos de selección “Adjudicación Simple 02-2023-HRL-OEC-3” y “Adjudicación Simplificada Homologación SM-1-2024-HRL -OEC-1” fueron modificados para favorecer a la empresa Plastimedic SCRL.
Los hallazgos señalan que el órgano encargado de las contrataciones y el área usuaria acogieron observaciones de la postora, adecuando las especificaciones y características de los productos para que esta pudiera cumplir con los requisitos establecidos en las bases.
Esto ocurrió pese a que la empresa no contaba con la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), obligación legal para la provisión de insumos médicos, ni cumplía con las especificaciones técnicas establecidas.
El informe advierte que estas acciones afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública y el uso eficiente de los recursos estatales. Además, se evidenció que funcionarios del hospital continuaban siendo designados en cargos de adquisiciones sin contar con la certificación de compradores públicos, lo que podría haber facilitado el direccionamiento de las compras.
Entre los presuntos responsables señalados por la Contraloría están las exjefas del Departamento de Enfermería: Ana Soza Carrillo y Rossana Verástegui, así como Angélica Vera Mechán. También figuran exjefes de la Unidad de Logística: Nilton Chepe Rivera y Elizabeth Banda Coronel; el funcionario Deng Quintana Zúñiga y el excoordinador de la Unidad de Logística, Ernesto Oliden Barón.
A todos ellos se les responsabiliza de haber adecuado las bases de selección en beneficio de Plastimedic SCRL, permitiendo la adjudicación de la buena pro pese a las graves deficiencias en la documentación y certificaciones requeridas.
Según la Contraloría, esta situación habría generado un perjuicio económico al Estado superior a S/ 300 000, al permitir la adquisición de productos sin las garantías de calidad necesarias.
El informe también resalta que el hospital no contaba con mecanismos suficientes para verificar la idoneidad de los funcionarios encargados de las adquisiciones, y que la integración de las observaciones de la empresa postora en las bases de selección constituye una práctica irregular que vulnera las normas de contratación pública.
La Contraloría recomendó adoptar medidas correctivas inmediatas y remitir los hallazgos a las instancias legales correspondientes para determinar responsabilidades penales y administrativas.
IRREGULARIDADES EN COMPRAS
El informe de auditoría N° 047-2025 de la Contraloría revela que el Hospital Regional Lambayeque designó a servidores en puestos que no están formalizados en su estructura orgánica y cuyas funciones no figuran en las guías de operatividad, generando riesgo de que actúen fuera de los límites de autoridad y responsabilidad.
Además, de dificultar la verificación de sus perfiles, conocimientos y experiencia.
Asimismo, personal vinculado a la dependencia de contrataciones participó en fases del proceso sin contar con la constancia de comprobador público certificado, poniendo en riesgo que las adquisiciones no sean realizadas por personal idóneo, lo que afecta la transparencia, la eficiencia y el uso adecuado de los recursos estatales.
