Contraloría advirtió que funcionarios efectuaron pagos por asesorías ficticias.
La Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad Distrital de Mórrope efectuó pagos por servicios de consultoría que no cuentan con documentación que sustente su contratación, la presentación de productos, su evaluación, ni la conformidad correspondiente.
Según el Informe de Auditoría N°. 19008-2025-CG/GRLA-AC, que evaluó el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022, la entidad pagó S/ 1 070 300 a cuatro personas naturales, sin acreditar que los servicios de consultoría para la elaboración, actualización y/o evaluación de expedientes técnicos; estudios de preinversión; fichas técnicas de actividades de intervención inmediata; e informes de corte técnico-financiero, hayan sido realizados, generando un perjuicio económico al Estado.
La auditoría determinó que estos pagos fueron formalizados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) utilizando el clasificador de gasto servicios diversos y el tipo de operación gasto – planilla, pese a que dichos conceptos no correspondían a los servicios supuestamente prestados.
Asimismo, se registraron datos contrarios a la normativa presupuestaria y de tesorería, no acordes con la realidad, y se empleó información de otros expedientes administrativos pertenecientes a distintos proveedores, lo que permitió sustentar de manera irregular los retiros de fondos de las cuentas ediles a favor de las citadas personas, afectando la atención de los servicios públicos a la población.
El informe también concluye que los servicios atribuidos a las personas naturales pagadas no fueron ejecutados por ellas. Por el contrario, la Contraloría verificó que existían contrataciones previas con otros proveedores que sí realizaron los trabajos de consultoría, lo que confirma que los pagos observados no se sustentan en ninguna prestación real.
TRANSFERENCIAS O DESEMBOLSOS
Las transferencias o desembolsos se realizaron mediante 30 cartas orden electrónicas, autorizadas de manera mancomunada por los usuarios de los dos responsables suplentes de las cuentas bancarias de la entidad, el gerente municipal y el gerente de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (quien también ejerció como jefe encargado de Contabilidad).
Los hechos transgreden diversas disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Nacional de Tesorería, la Ley del Procedimiento Administrativo General, la directiva interna de la municipalidad sobre ejecución presupuestaria y la normativa relacionada con el adecuado registro, documentación y control del gasto.
Como resultado, el órgano de control identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en tres exfuncionarios de la municipalidad.
