Por la presunta comisión del delito contra la administración pública-nombramiento y aceptación ilegal de cargo, comprendida en la carpeta fiscal N° 2406074501-2023-8107-0, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra el imputado Jorge Luis Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque, y otros funcionarios.
Se trata de la Disposición N° 05, con fecha 1 de julio de 2024, que comprende, entre otros funcionarios, al gobernador Jorge Luis Pérez Flores, Estuardo Díaz Alvarado, Luis Miguel Peña Delgado, Magaly Margarita Romero Dávalos y los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su figura de nombramiento y aceptación ilegal de cargo.
Se desprende del informe de visita de control N° 047-2023-OCI/5343-SVC, de fecha 26 de julio de 2023, elaborado por el OCI del Gore Lambayeque, que tuvo como objetivo específico determinar si los directivos públicos cumplen con los requisitos exigidos en la Ley 31419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.
REQUISITOS
La entidad designó directivos públicos de libre designación y remoción, sin acreditar el cumplimiento de requisitos mínimos que lo sustentan, situación que limita el acceso a puestos que conlleven al incumplimiento de sus fines institucionales.
La situación adversa señala: “De la revisión y evaluación selectiva de los legajos proporcionados por la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos del Gore Lambayeque, se ha identificado que 11 directivos públicos, de libre designación y remoción, no acreditaron cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Ley 31419, así como en el Manual Clasificador de Cargos (MCC) de la sede central del Gobierno Regional”.
Entre las diversas observaciones que se hacen a estos funcionarios, destacan no contar con título profesional universitario de la especialidad, no acreditar los años de experiencia, no acreditar las horas de capacitaciones, no contar con la habilitación del colegio profesional respectivo, entre otras.
El plazo de la investigación preparatoria es 120 días naturales y la decisión señala, además, programar la diligencia de recepción de declaración de los investigados entre el 23 y 24 de julio del presente año.
