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Publicado el Martes, 20 de Febrero del 2024

Fiscalía abrió otra investigación contra gobernador regional

Gobernador lambayecano Jorge Pérez Flores suma otra indagación en su contra.
Gobernador lambayecano Jorge Pérez Flores suma otra indagación en su contra.
El Ministerio Público suma una nueva investigación contra el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores.
Según la carpeta fiscal N° 2406074501-2023-6826-0, del quinto despacho de investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, se inició indagación preliminar por presuntamente cometer el delito contra la libertad de trabajo y asociación contra el gobernador en agravio de Isabel Angulo Salazar.
Esta investigación se realiza luego de que el Quinto Juzgado Especializado de Trabajo de Chiclayo, mediante oficio N° 2014-2289, remitió los actuados del incumplimiento a lo dispuesto en la resolución N° 9 del expediente N° 2289-2014 seguidos por Isabel Angulo.
Asimismo, mediante disposición fiscal N° 02-2023-1FPPCCH-5DI, del 14 de diciembre de 2023, se dictamina ampliar el plazo de la investigación, por 60 días, y se ordena que se practique diligencias, entre las cuales se reprograma la declaración del investigado Jorge Pérez, en condición de gobernador.
La imputación que contiene la citada carpeta fiscal se inició durante el periodo que Jorge Pérez ostentaba el cargo de gobernador regional, por lo cual se habría producido dentro del ejercicio regular de sus funciones.
DEFENSA
La Industria accedió a la Resolución Gerencial General Regional N° 000020-2024-GR.LAMB/GGR, del 12 de febrero, suscrita por el gerente general del Gobierno Regional (GORE), Ranjiro Nakano Osores, en la cual se resuelve otorgar el beneficio de defensa legal y asesoría legal al gobernador Jorge Pérez en la investigación que le sigue la Fiscalía por la supuesta comisión del delito de contra la libertad de trabajo y asociación.
El gobernador cursó al GORE una solicitud en enero de este año en la cual presentó su petitorio de defensa o asesoría con compromiso de reembolso, en el marco de lo previsto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
Es preciso resaltar, que si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad en el hecho, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa.
 

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