El Décimo Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios programó para el 6 junio de 2024 el inicio del jucio oral contra el exalcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, por el delito de colusión agravada.
El Ministerio Público solicitó 6 años de pena privativa de la libertad contra la exautoridad, y también contra los exfuncionarios: Cinthya del Milagro Flores Huamanquispe, José Germán Flores Cabanillas, Cristian Felipe Rosenthal Ninapaytan, Ricardo Alfonso Romero Rentería, Alberto Ponce Ayala, Juan Carlos Ibáñez Álvarez, Óscar Rynaldy Ahumada Ramos, Adriana Lisette Ghersi Burga y Edgardo Augusto Siadén Ortega; así como contra los representantes de Veolia SAC, Juan Andrés Bendezú Zevallos y Ralph Montoya Vega.
HECHOS
Los hechos atribuidos al exalcalde datan de 2019, cuando el 22 de abril de ese año y en representación de la Municipalidad Provincial de Chiclayo suscribió un contrato con la empresa Veolia SAC para la contratación directa del alquiler de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de los residuos sólidos.
Ello pese a que, cinco días antes, el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas del Órgano de Control Institucional de dicha comuna, había advertido que la empresa no cumplía con los requisitos señalados en las bases administrativas. El contrato terminó causando un perjuicio de S/249,750.00 a la comuna provincial.
Además, la investigación fiscal señala que hay evidencia del “pacto colusorio” entre la empresa y las autoridades ediles porque emitieron informes para justificar el desabastecimiento del servicio de recojo de basura, un acto contradictorio pues a inicios de 2019, la municipalidad ya había suscrito los convenios interinstitucionales N°003-2019-GR-LAMB y N°0004-2019, y hasta una adenda de contrato, con el Gobierno Regional de Lambayeque para la recuperación de la ciudad con la atención de los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos, los mismos que tenían una vigencia hasta diciembre de 2020.
Todos los exfuncionarios que participaron en la emisión de los informes, precisa la acusación, eran personal de confianza del exalcalde.
IMPUTACIÓN ALTERNATIVA
El Ministerio Público atribuyó al grupo de imputados el delito de colusión agravada por el que se ha solicitado una pena de 6 años de pena privativa de la libertad, además de 6 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
No obstante, en el mismo documento, el titular de la acción penal realizó una imputación alternativa por el delito de negociación incompatible, por el que ha solicitado una pena de cárcel y de inhabilitación de 4 años para cada uno de ellos.
