Escándalo militar. Dos exdirectores y funcionarios del Colegio Militar Elías Aguirre de Chiclayo fueron condenados por el Poder Judicial a nueve años de pena privativa de libertad efectiva, como autores del delito de colusión agravada, en agravio de dicha institución educativa.
Se trata de los coroneles EP Augusto Adolfo Salcedo Samamé y José Antonio Benavides Ibarra, exdirectores del citado plantel; Milagritos Rojas Olivos, exjefa del Departamento General de Administración; Óscar Sigifredo Saavedra Gil, exjefe de la Sección de Abastecimiento; Moisés Natividad Millones Larrea, exjefe de Adquisiciones y José Manuel Farfán Bernal, exjefe de Almacén.
El mismo fallo condenatorio se dictó para Jorge Dorian Gonzaga Correa, en calidad de gerente de la empresa JJ Gonzaga EIRL., a siete años de pena privativa de libertad, en su calidad de cómplice del delito de colusión agravada, en agravio del Colegio Militar Elías Aguirre.
En la sentencia se dispuso que los condenados sean inhabilitados por el mismo tiempo de la pena impuesta y deberán pagar una reparación solidaria de S/ 223,254.00 soles y un pago por daños de S/ 40,000.00 soles.
LOS HECHOS
Durante el juicio oral, la fiscal provincial Ana Zegarra Azula, acreditó que los acusados realizaron acuerdos colusorios con Jorge Dorian Gonzaga Correa, gerente de la empresa JJ Gonzaga EIRL. a efectos de favorecerlo en las Adjudicaciones Directas Selectivas N° 001, 002, 003-2014 y 001, 002, 003 y 004 - 2015, que se llevaron a cabo en los años 2014 y 2015 respectivamente; y se permitió a JJ Gonzaga EIRL. entregar al Colegio Militar Elías Aguirre bienes que nunca fueron contratados, y entregar a la institución bienes que fueron contratados a un precio mayor al establecido en el contrato.
Además, no entregar al colegio la totalidad de bienes que sí fueron materia de contrato; y entregar los bienes de manera fraccionada y extemporánea, cuando debieron ser entregados dentro de los 15 días después de haber firmado el contrato, tal como se comprometió JJ Gonzaga al proponer su oferta de plazo de entrega, por el cual le dieron el puntaje máximo en el proceso de selección; lo que generó una penalidad que no fue cobrada; provocando con ello, un perjuicio económico al Estado de S/ 132,622.20 soles.
