La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la adquisición de equipos de higiene y protección personal en el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL).
Según el Informe de Control Específico n.° 048-2021-2, la Contraloría evidenció que el GRL realizó en el 2021 diversas compras de jabones líquidos, alcohol de 70°, mascarillas de tipo KN95 y N95, mascarillas quirúrgicas descartables, protectores faciales, gel antibacterial, termómetros infrarrojos por un total de S/ 119 622,98.
Esta situación afectó la disponibilidad de recursos de fuentes de inversión destinados a gastos de capital, por cuanto se utilizó presupuesto destinado a proyectos de inversión y preinversión por dicha suma para la adquisición de productos de higiene y protección personal relacionados a gastos corrientes propios de la gestión administrativa de la entidad.
Asimismo, el ente de control advirtió que se realizó la compra de equipos de higiene y protección personal para sus servidores menores a las 8 UIT, otorgando la buena pro a 3 empresas distintas.
Por lo cual se emitió las órdenes de compra n.° 217, 226 y 228 por los montos de S/ 16 240, S/ 15 887,50 y S/ 16 240, respectivamente.
En ese sentido, se detectó que la entidad recepcionó y otorgó la conformidad de uno de los productos (alcohol) sin que cumpla con las características y condiciones del bien adquirido, que fue distribuido entre los servidores, poniendo en riesgo su salud.
RESPONSABILIDAD
Al respecto, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en 11 trabajadores del GRL en este caso.
Entre ellos se encuentran Jaqueline Mondragón Odar (jefa de Presupuesto), Hermes Guimoye Cadenas (jefe de Planeamiento), Jhohan Villegas Morales (exjefe de Logística).
Asimismo, figuran Jony Villalobos cabrera, José Quiroga Tone, Carlos Quispitongo Sánchez, Juan Ganvini Falen, Óscar Alvites Terán, Everth Carrasco Rivera, Segundo Silva Vásquez, Fernando Guevara Pérez.
Por ende, la Contraloría requirió al procurador público anticorrupción de Lambayeque iniciar las acciones legales a dichos funcionarios y servidores.
