El Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo observó el proceso de recepción y conformidad de la adquisición de los equipos para el laboratorio de la Facultad de Agronomía, por haberse realizado fuera de los plazos establecidos.
El proceso se enmarca en los trámites de gestión para el licenciamiento de esta casa superior de estudios.
SITUACIÓN ADVERSA
Según se desprende del Informe de Control N° 07-2023, el proceso observado responde al nombre de “Adquisición de equipos de laboratorio y talleres en el laboratorio de la Facultad de Agronomía”, de “la Pedro”, que contó con un presupuesto de S/ 2’ 719, 638, y cuya buena pro se otorgó en abril de 2022.
El proceso comprendía cinco ítems: adquisición de una microscopía especializada, equipos especializados de suelos, equipos especializados de fitopatología, equipos diversos para el laboratorio de fitopatología, y equipos de laboratorio de suelos; y el hecho observado corresponde al segundo bien, es decir, a la adquisición de equipos especializados de suelos, por el cual se suscribió el contrato 024-2022-UAUNPRG con la empresa CIMAC SAC, por el importe de S/ 926,000.00.
Dentro de este ítem se disponía la compra de un espectrofotómetro de absorción atómica con horno de grafito, 2 espectrofotómetros UV-VIS y 2 equipos para determinar nitrógeno orgánico.
Además, el contrato en mención otorgaba un plazo de 63 días para la recepción de los equipos, es decir, el 18 de julio de ese año; y siete días después de esta para cumplir con la etapa de conformidad (25 de julio de 2022).
No obstante a ello, la comisión de control halló que entre la recepción y conformidad de los bienes se dieron 97 días después del plazo establecido para ambas etapas, lo que habría generado una penalidad de S/ 92,600.00.
La supervisión encontró incluso que desde el 27 de julio de 2022 hasta la fecha los bienes no fueron inventariados “lo que ha ocasionado que los bienes patrimoniales no se puedan registrar a favor de la universidad”.
NORMAS CONTRAVENIDAS
El informe precisa que la situación adversa detectada pudo haber transgredido la Ley de Contrataciones del Estado respecto a las responsabilidades de los funcionarios durante los procesos de contratación para que estos no se vean perjudicados por posibles conflictos de intereses; respecto a los plazos de ejecución contractual, el cómputo de los plazos, y las penalidades.
La Industria intentó obtener la versión de la casa superior de estudios, pero sin éxito.
