Hace poco, la Contraloría General emitió la Resolución N° 159-2023-CG, que modifica la Directiva N° 007-2021-CG/NORM, cambiando la denominación “Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad”. Para los entendidos, es solo más de lo mismo.

 

El experto en tema de contrataciones con el Estado, Jorge Chávez Pita, opinó que, en realidad, en lo que respecta a las acciones de control que realiza la Contraloría, al margen que no son eficaces, siempre resultan inoportunas y penalmente no son diligentes, por lo tanto, la denominación que le den a cada acción, siempre serán más de lo mismo y en nada ayudarán a bajar los índices de corrupción que cada vez crecen más en el país.

 

Manifestó que no es necesario ni siquiera leer el Decreto porque estos controles que realiza la Contraloría son más de lo mismo siempre, cambian de una u otra manera, le dan una denominación de un tipo y otro, pero al final ellos no dirimen una situación penal, por ejemplo.

 

“Aquí se han cometido ilícitos y ni siquiera lo denuncian, administrativamente sí, pero penalmente sirve como una base para el Ministerio Público para iniciar indagaciones, pero ellos se apartan de todo y al final van a mantener su posición de acuerdo al informe que hacen, que es inoportuno e ineficaz”, subrayó.

 

Para el coordinador de la Asamblea de Organizaciones de Delegados de la Sociedad Civil de Lambayeque (Adoscil), Jorge Alarcón Gasco, la Contraloría, si se hace un seguimiento o consulta a la ciudadanía, tampoco está en un buen nivel de credibilidad en el trabajo que realiza y hay que tener en cuenta que tiene buen presupuesto y por cada proyecto también tiene presupuesto para hacer control.

 

Además, sus recomendaciones van a proceso judicial y a veces se dilatan mucho tiempo.