Según la Contraloría General de la República, un total de 24 mil personas se verían afectadas con la ampliación del plazo de la obra de saneamiento de los 12 pueblos jóvenes ubicados en la carretera a Pomalca, debido a que la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (Epsel) S.A., encargada del proyecto, no cumple con compromisos establecidos en laudo arbitral.

 

El órgano de control alertó que el plazo de ejecución de la obra de instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en 12 pueblos jóvenes de la vía Chiclayo - Pomalca, se extendería aún más, lo que afectaría la dotación de los servicios para la población y solicitudes de ampliaciones de plazo que implicaría mayores gastos generales.

 

Según el Informe de Visita de Control N° 008-2023-OCI/3472-SVC, que evaluó el periodo del 1 de marzo al 28 de abril de 2023, Epsel no está cumpliendo con todos los compromisos establecidos en un laudo arbitral del 26 de octubre de 2022. Dicho laudo tenía como objetivo, entre otros, resolver las consultas formuladas por el contratista sobre aspectos no contemplados en el expediente técnico.

 

Ante esto, La Industria entrevistó a uno de los pobladores y en su momento dirigente vecinal de estos sectores, Elmer Pasapera Peralta, quien basado en el día a día que vive, narró una diametral y opuesta realidad, diferente a la que sostiene la Contraloría.

 

“Siempre he venido diciendo que este proyecto es demasiado engorroso, parece que quisieran tapar algunas artimañas”, comentó Pasapera Peralta, quien refirió que desde un inicio este proyecto fue mal hecho.

 

Anotó que empezó con 52 millones de soles, por las adendas subió a 58 millones y hoy está a poco más de S/ 60 millones. “Hablé a la Contraloría el año pasado, pero no tienen poder de sanción, solo advertir”.

 

Recordó que el año pasado, el 28 de noviembre se firmó el reinicio de la obra, el mes de diciembre era evaluación de la parte técnica para ver en qué estado se encontraba después de haber paralizado año y medio.

 

En este contexto comentó una situación aún más preocupante, revelando que no serían solo 12 pueblos jóvenes a lo largo de la carretera a Pomalca, a la espera de la culminación de esta obra de agua potable y alcantarillado, ya que en la zona –dijo– hay 35 pueblos jóvenes que esperan una ampliación de la misma.

 

A principios de enero era para que empiece su ejecución en tratamiento y tanque elevado, pero empezó los primeros días de febrero, por problemas técnicos tardó un mes más.

 

Según el cronograma de trabajo, debió empezar los primeros días o máximo a fines de enero, eso prolonga el tiempo de entrega. Ahora el problema más radical es la planta de tratamiento, según el Colegio de Ingenieros esa planta está rodeada de dos drenes y por eso cada vez que la construyan se va a hundir esa parte que ya está hundida uno o dos metros.

 

“Esta obra me parece que va a terminar mal, porque después de terminada harán las pruebas y se verá el problema que tiene el proyecto”, afirmó Pasapera y agregó que no solo son los 12 pueblos jóvenes, sino realizan gestiones para que se haga el expediente técnico de los sectores aledaños que son 14 más, esperando ser anexados en el nuevo expediente técnico, pero aparte hay 13 que están en la parte posterior.

 

“El problema es muy arduo, sobrepasa nuestros límites y la población está indignada, porque para realizar el proyecto eliminaron los pozos sépticos para enterrar las conexiones de tuberías de agua y desagüe que evacuaban las aguas servidas”, narró con gran preocupación Pasapera.

 

Desde el 2019 –prosiguió contando– la población evacúa sus residuos al canal o los drenes que se ubican alrededor; “es crudo hablarlo, pero inclusive hay familias que hacen sus necesidades en una bolsa y las botan a las calles, la municipalidad pocas veces viene a recoger la basura, solo llega a las avenidas principales”, refirió.

 

En cuanto al agua, nadie los abastece, tienen que comprarla; no tienen el apoyo de Epsel ni del Gobierno Regional y tienen que comprar a un sol, pero cuando la situación es difícil, como en periodo de lluvias, cuesta S/ 1.50 el bidón.

 

Este domingo tendrán una reunión de dirigentes para acordar solución a las necesidades; además, han tratado de reunirse con la alcaldesa Janet Cubas, pero hasta ahora no es posible.

 

El informe de visita de control señala que, Epsel cumplió con cinco compromisos (de un total de 9) relacionados a pagos pendientes al contratista como condición para que la obra se reanude (13 de diciembre de 2022), sin embargo, está pendiente la atención de las consultas sobre la notificación de planos al contratista, definiciones técnicas y otros relacionados con los componentes de captación de las lagunas Boró I y II, Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) I y II, y línea de impulsión del proyecto.

 

Ello supone un riesgo para el plazo de ejecución de la obra, cuya nueva fecha de término es el 21 de agosto de 2023.

 

La Industria también dialogó con el gerente de Proyectos de Epsel, Eduardo Díaz Orbegozo, quien manifestó que están cumpliendo los plazos y no hay negligencia; el tema de Contraloría lo calificó como una recomendación.

 

“Hay que recordar que esta obra viene siendo monitoreada por una Junta de Resolución de Disputas (de una universidad privada) y estamos cumpliendo”, aseveró y agregó que tiene un cronograma hasta el mes de agosto de este año, lo cual se va a cumplir, ya que todo está siendo monitoreado y se viene cumpliendo lo que dice el laudo arbitral.