Lleno de suspicacias se encuentra el proceso de Contratación Directa N° 03-2023, el cual llevó a cabo el Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque para contratar alquiler de maquinaria pesada en el marco del estado de emergencia (por lluvias) en el departamento.

 

De acuerdo al Informe Legal N° 000264-2023 del 9 de mayo último dirigido al gobernador regional, Jorge Pérez Flores y rubricado por Danty Alexander Vásquez Flores en su calidad de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del GORE, este recomienda al gobernante lambayecano, “…apruebe excepcionalmente la contratación directa…”, pero líneas más abajo le advierte, serias irregularidades.

 

Según el informe legal, el 29 de marzo de 2023, la Gerencia Regional de Infraestructura (GRIN) remite a la Gerencia General de GORE el Requerimiento de alquiler de maquinaria pesada por 15 días, para apoyo en diferentes puntos críticos en situación de emergencia en esta región identificados en varios sectores.

Entre estas zonas a beneficiar está: Río Zaña - sector La Otra Banda; río Chancay - sector Puente Reque; río Chancay - sector Juana Ríos; río Chancay - sector Puerto Eten; río La Leche.

 

Además, los frentes de intervención de las vías de comunicación: Motupe - Colaya; Zaña - La Otra Banda; Pucará - Cañaris; Mayascon - Incahuasi; Salas - Penachí y Chóchope - Kerguer.

 

Asimismo se detalla que con Oficio N° 000214-2023 del 14 de abril, el jefe de la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana, solicitó al jefe regional de Administración, alquiler de maquinaria pesada.

 

Agrega que, el jefe de la oficina de Logística con referencia de oficio 2), procede con el servicio de alquiler de maquinaria pesada por un lapso de 15 días, por el monto de S/ 1, 581,080.00, según estudio de mercado.

 

Así mismo, se hace de conocimiento, que las fichas EDAN correspondientes serán entregadas por la GRIN, toda vez que se encuentran en trámite de firmas y no han sido anexadas en el expediente.

 

El asesor jurídico del GORE, en su análisis le advierte al gobernador, que de la revisión efectuada a las actuaciones preparatorias, observó que la oficina de Logística del GORE consignó que la prestación del servicio se inició el 11 de abril del 2023.

 

“…siendo que el plazo máximo que se tendría para aprobar la referida contratación directa sería hasta la fecha del 11 de mayo de 2023”.

 

Danty Vásquez añade que, considera pertinente precisar que en virtud del principio de buena fe y presunción de veracidad que rigen las Contrataciones del Estado, el gobernador regional debe asumir que los estamentos competentes del GORE le proporcionan información que se ajusta a la realidad y que es correcta, debiendo proceder conforme a ella.

 

“Sin embargo, esta podrá ser objeto de fiscalización posterior por las demás instituciones competentes, toda vez que el gobernador aprueba la contratación directa en vía de regularización, mas no el procedimiento de esta contratación directa correspondiente a la etapa de actos preparatorios y ejecución contractual…en ese sentido, la aprobación de la presente contratación directa no constituye la validación de las actuaciones contenidas en el presente expediente de contratación”.

 

Tras su análisis, el asesor jurídico del GORE emite una singular opinión y le recomienda al gobernador regional, “que su despacho…apruebe excepcionalmente la contratación directa…toda vez que se ha cumplido con la finalidad pública de la contratación en beneficio de la población, y a fin de proseguir con los procedimientos establecidos dentro del ámbito que rige las contrataciones directas; indicando que dicha aprobación no constituye validación de las actuaciones contenidas en el presente expediente de contratación”.

 

Pero líneas más abajo afirma “finalmente, se deberá remitir el expediente administrativo a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del GORE, para que de acuerdo a sus atribuciones y funciones determine las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, de los servidores y/o funcionarios intervinientes, por la dilación indebida en el trámite de la contratación directa aprobada y, por la falta de causas excepcionales y debidamente justificadas”.