La especialista en derecho de protección al consumidor, Milagros Peña Callirgos, precisó que los colegios –se traten de privados o públicos– se encuentran impedidos de direccionar la compra de útiles escolares o de uniformes.

 

“En el caso de los útiles está prohibido direccionar, de colocar determinada marca. Es el padre de familia el que debe decidir de acuerdo a sus posibilidades económicas qué comprarle a su hijo. Lo mismo sucede con los uniformes escolares, no deben direccionarse las tiendas; el padre debe verificar cuál de todas las opciones es donde hay mejor precio”, anotó.

 

Explicó que otras de las prohibiciones que pesan sobre las instituciones educativas es la de solicitar útiles de aseo o de limpieza a los padres de familia, porque dichos enseres deben ser costeados por la propia entidad.

 

“Antes se pedían cosas para la limpieza, pero recientemente se ha conocido de una sanción contra un colegio por exigir la compra de papel higiénico a los padres, porque no se trata de un útil escolar, y debe ser proporcionado por el propio colegio”, agregó.

 

En plena campaña de útiles escolares, donde muchos padres hacen malabares al bolsillo para adquirir los cuantiosos materiales, en especial, por encontrarse a pocos días del inicio del año escolar, Peña señaló que los colegios no deben exigir la entrega de toda la lista de útiles porque muchos progenitores tienden a priorizar las productos en función a sus ingresos.

 

“No se puede exigir a los padres toda la lista, en especial si todo no será usado en el primer bimestre, por ejemplo. Algunos padres dejan la compra de algunos útiles al final”, expresó.

 

No obstante, y ante el caso de que estas prohibiciones sean pasadas por alto por las instituciones educativas, la especialista sugirió a los progenitores dejar constancia de estas infracciones ante Indecopi.

 

“A veces, hay padres que pese a que tienen ahí la infracción no dejan constancia de ella. Si el colegio te direccionó a una tienda, ¿pusiste un reclamo, enviaste un correo electrónico? Es importante que quede la prueba porque no es solo contra uno; se trata de una afectación de intereses colectivos y difusos de los consumidores; es un grupo al que afecta”, aclaró.

 

Milagros Peña también aconsejó dejar constancia de aquellas librerías que se nieguen a vender algunos productos escolares porque no se trata de toda la lista de útiles.

 

“Si un padre compra algunas cosas de la lista en un lugar, y decide comprar lo que falta en otro, y si la librería se niega a vender porque no se le entrega toda la lista, se debe pedir el libro de reclamaciones para que quede constancia de lo que está sucediendo. Y si se niega a entregar el libro, lo que se puede hacer es grabar esa negativa. Y ahí estaríamos hablando de dos infracciones: la de no querer vender el producto, y la de no querer dar el libro de reclamaciones”, dijo.