El último fin de semana, el gobernador regional, Jorge Pérez Flores, anunció la planificación de acciones para convertir a Lambayeque en la “región número 1 en educación”.
Al respecto, la representante de los docentes, María Cubas Llamo, señaló que una de las primeras estrategias que debe atender el ejecutivo regional para el ambicioso propósito, debe ser el diagnóstico del aprendizaje, en atención a una pandemia de dos años que retrasó los progresos de la educación a nivel regional.
“Creo que la educación es la bandera de un buen gobernante, pero no puede tratarse solo de un discurso. Los dos años de pandemia no se pueden olvidar, y ahí hay una brecha importante que deben ser diagnosticadas con cifras ciertas. La Gerencia Regional de Educación y las Ugel (Unidades de Gestión Educativa Local) deben brindar cifras exactas de cómo estamos en los aprendizajes, cuántos estudiantes dejaron de estudiar de manera remota, y dónde están ubicados, para que los focalicen y se puedan aplicar programas de recuperación y nivelación”, explicó.
Identificar al “grupo crítico” debe ir de la mano con ver “qué profesionales van a trabajar con estos en programas de reforzamiento y fuera del horario escolar; además de saber con qué infraestructura se cuenta para este trabajo”, agregó la especialista.
“No es una tarea sencilla como suena, se tienen que unir esfuerzos, e incluso pedir hasta un presupuesto suplementario en Lima, para que se contrate personal que pueda atenderlos bien, porque si se espera que sean los propios maestros quienes hagan el trabajo de reforzamiento estaremos dando más de lo mismo”, acotó.
Cubas también recomendó acoger una propuesta que realizó el Colegio de Profesores de Lambayeque para implementar el voluntariado pedagógico que permitirá hacer frente al déficit de profesores nombrados y contratados que tiene la región.
Reunión
El último sábado, el mandatario regional se reunió con los representantes de la Gerencia Regional de Educación, de las Ugel de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Las acciones deben tener una vigencia de cuatro años, acordaron los asistentes.
