El coordinador de la Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque (Adoscil), Jorge Alarcón Gasco, pidió a la oficina regional de la Contraloría General de la República informar sobre el número de inhabilitaciones que han realizado sobre autoridades y funcionarios comprendidos en informes de control, durante los últimos años.

 

A inicios de este mes, el Observatorio Nacional Anticorrupción de la Contraloría informó que siete entidades de la región Lambayeque presentaron altos índices de corrupción. Estas fueron la Municipalidad de Chiclayo, Gobierno Regional, la Gerencia Regional de Salud, Municipalidad de Lambayeque, Municipalidad de José Leonardo Ortiz, la Ugel Lambayeque y la Universidad Pedro Ruiz Gallo.

 

Al respecto, Alarcón alertó que poco se conoce de los seguimientos que realiza la entidad de control cuando emite informes sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública de municipalidades y del gobierno regional.

 

“Si bien la Contraloría hace informes, también queremos saber qué ha hecho luego, cuáles son los resultados de su gestión después de haber detectado estos índices de corrupción. La Contraloría puede sancionar administrativamente, inhabilitar, mientras el proceso penal sigue independientemente, pero no lo conocemos. Entonces también sería bueno saber cuántas personas han sido sancionadas por esta entidad en las municipalidades y el gobierno regional, porque eso también es una forma de lucha contra la corrupción”, explicó.

 

De otro lado, recomendó a las actuales autoridades locales y de la región a realizar un “filtro” adecuado de los funcionarios en los cargos de confianza de sus representadas.

 

“Si algunos funcionarios están siendo cuestionados, no estamos teniendo un avance en la lucha contra la corrupción, porque ellos (las autoridades) mismos están poniendo a estas personas con estos cuestionamientos, lo que va a originar que hayan más investigaciones; debemos cambiar la imagen de Lambayeque”, añadió.

 

El abogado también conminó al Ministerio Público a realizar un trabajo más “inmediato” frente a indicios de corrupción que se están cometiendo, y no al finalizar una gestión.

 

“La conclusión a la que también llegamos es sobre la pasividad de la fiscalía en una intervención inmediata. Chiclayo no ha tenido el privilegio de tener muchas intervenciones inmediatas de los presuntos actos de corrupción que se han dado a conocer a través de los medios, y que es una fuente que puede tomar la fiscalía”. anotó.