Miembros de la sociedad civil de Lambayeque exigen a la Contraloría y Ministerio Público investigar las irregularidades suscitadas en la adquisición de 34 ambulancias por la Gerencia Regional de Salud.

 

Como se recuerda, el directorio de gerentes del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque, decidió anular el contrato de compra de las ambulancias, valorizadas en 12 millones de soles.

 

Al respecto, el integrante del Frente de Defensa de Lambayeque, Mickey Álvarez Aguirre, señaló “lamentamos que tengan esos problemas las ambulancias y lógicamente tiene que investigarse y sancionarse a los responsables de este acto irregular”.

 

Añadió que la Contraloría y el Ministerio Público deberían intervenir.

 

A su vez, el dirigente de Salud, Wilmer Antón Mayanga, indicó “todo proceso de adquisición que se vea envuelto en acciones de presunta corrupción debe tener un debido proceso de investigación”.

 

“Esta investigación debe ser profunda, exhaustiva y pública, de haber responsables con culpabilidad, se le debe dar todo el peso de la ley, sanción ejemplarizadora para que otros funcionarios y trabajadores no lo vuelvan hacer”, comentó.

 

Agregó “hago un llamado a las instituciones que tienen que ver con las acciones de control como Contraloría General de la República, Control Interno, unidades de proceso administrativo sancionador, la misma Fiscalía de Prevención del Delito de actos de corrupción hacer su trabajo y no duden en sancionar a los responsables”. 

 

Por otro lado, Mickey Álvarez puntualizó “el asunto es que se tenga que ver la posibilidad de que se pueda utilizar y no se pierda la inversión que hizo el Estado porque ambulancias se necesitan y son urgentes en todos los centros de salud”.

 

“Quisiéramos que se subsanen las observaciones que tienen esas ambulancias y se puedan poner operativas sin perjuicio de que se sancione drásticamente a quienes cometieron estos actos de corrupción que no debieran repetirse mucho más si es en el tema de salud”, dijo.

 

Resaltó que al no contar con las ambulancias se imposibilita la atención a personas ante una eventual emergencia.