Cuatro a cinco taxis a la semana son robados en Chiclayo, así como camionetas rurales en la ruta a Pátapo, según denunció el representante de la Coordinadora Regional de Transporte, Wilson Míñope Carbajal.

 

Explicó que si el propietario de la unidad no paga entre tres mil a cinco mil soles para que le devuelvan su unidad, la encuentra quemada o desmantelada; estas denuncias vienen haciéndolas desde hace una semana y han observado que se está incrementando.

 

El pago que los delincuentes exigen depende del año o cómo está el vehículo; la modalidad es tomar una carrera, lo llevan a una zona desolada como la salida a Ferreñafe, La Purísima o carretera a San José y le quitan la unidad. Al siguiente día llaman para pedir un monto para la devolución del vehículo.

 

El transportista lejos de denunciar a la Policía, termina cediendo para recuperar su unidad. Cuando lo recupera la Policía es mayormente porque tienen GPS.

 

Indicó que se han reunido con el jefe de la II Macro Región Policial hace casi dos meses cuando recién asumió y hablaron del tema; le pidieron que a través de la Corporación Regional de Taxis, reactiven la antena de monitoreo en la sede de San José, para que pueda ayudar a menguar los robos; “esperemos que tome esa medida en coordinación con la Corporación de Taxis y retomar ese trabajo que en su momento dio resultados”, afirmó.

 

Por su parte, el presidente de la Central de Taxis, Juan Vásquez García, señaló que mayormente es gente que no es de acá, sino la mayoría venezolanos, pero tampoco generalizarlos y son jóvenes direccionados de los penales de Piura, Cajamarca y Chiclayo.

 

Recordó que esto también se debe a que las empresas de taxis, en una época (cuando proliferaban las extorsiones) no quisieron entrar al Taxi Cívico, porque les obligaban a que no paguen ningún cupo a ningún gerente o extorsionador que ofrecía “chalequearlos”.

 

“De esta misma gente estamos hablando, dejan de pagar al gerente, que entrecomillas pagaba a los que iban a chalequear, pero se quedaban con una parte; esa misma gente al ver que se les cae su reporte diario, tratan de asustarlos porque no pagan”, argumentó.

 

Comentó que ya no había este tipo de robos, hasta que se cayó la denuncia que tenía el fiscal Carrasco, investigando a cerca de 33 empresas, pero de la noche a la mañana se paralizó. Añadió que no es tanto reunirse con el jefe policial, sino que los dirigentes hagan mea culpa, tratar que el dinero que recolectan las empresas no vayan a los bolsillos de la delincuencia.

 

“En segundo lugar, el alcalde es lo peor que hemos tenido en cuestión de transporte, una informalidad tremenda que ayuda a incrementar la delincuencia”, añadió Vásquez García.

En tanto, Míñope Carbajal, lamentó que los pasajeros suban a cualquier unidad y piensan que es una empresa autorizada; constantemente abordan cualquier unidad donde les quitan sus pertenencias, hacen tocamientos indebidos y hasta violaciones; “pedimos al público que aborde en lugares formales autorizados, pero también depende de la autoridad”.

Diariamente ocurren estos delitos en la ruta Pimentel, Pátapo-Pucalá, Reque, porque los usuarios ya no identifican un formal de un informal; “lamentablemente en esta ciudad cualquiera hace servicio público, eso genera el desorden y el caos en la ciudad, algunas empresas que tenían paraderos autorizados ya no los tienen y en esos paraderos se han apostado los informales donde suceden los robos”.