Un resguardo extremo a los efectivos policiales detenidos por delito de corrupción, poco habitual en el traslado de procesados comunes, fue lo que se vio ayer en los interiores de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

 

Fuentes allegadas a la investigación dieron a conocer a La Industria que, minutos antes de la realización de la audiencia de prisión preventiva contra los efectivos PNP Max García y Ray Velásquez, se ordenó la cancelación de su transmisión por el canal del Poder Judicial, Justicia TV.

 

Minutos después, se conocería que no solo se prohibió la entrada de los periodistas al juzgado donde se desarrollaría la audiencia, ubicado en el segundo piso de la sede principal, sino también al de todas las instalaciones de esta corte.

 

Para sorpresa de muchos, esta restricción solo había sido exclusiva para los hombres y mujeres de prensa, pues se pudo advertir que los familiares de los agentes investigados por presuntamente extorsionar a empresarios de discotecas, tenían permiso para ingresar incluso hasta la propia carceleta judicial, ubicada al interior de la Corte.

 

Al respecto, el presidente de la Corte, Juan Guillermo Piscoya, explicó que el impedimento a la prensa se habría debido a un tema de “aforo” por el “incremento de contagios” entre el personal jurisdiccional. “No creo que un magistrado esté limitando la posibilidad de que la prensa tenga acceso a este tipo de diligencias”, agregó.

 

En cuanto a los supuestos privilegios de los familiares de ambos procesados para ingresar a la carceleta judicial, expresó que esta se encuentra “bajo la administración directa de la Policía Nacional”.