Miembros de la sociedad civil exigen inversión y mayor compromiso de las autoridades para la intervención en las desapariciones de mujeres y casos de trata de personas en la región Lambayeque.

 

Como se recuerda, La Industria informó que, desde la Defensoría del Pueblo alertaron que en el último mes se reportaron 20 mujeres como desaparecidas y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) difundió la cifra de 19 denuncias de trata de personas en el primer trimestre en la región.

 

Al respecto, la coordinadora de la organización Unidas por el Cambio, Graciela Alegría Olazábal refirió “es alarmante el crecimiento de mujeres desaparecidas en nuestro país y región de Lambayeque, siendo el 70% de ellas niñas y adolescentes. A ello habría que agregar que un porcentaje de ellas se intuye sean parte del número de personas denunciadas por trata de personas”.

 

Agregó que las instituciones del Estado deben coordinar acciones inmediatas y realizar el seguimiento que requieren dichos casos. “La Policía, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y otras actúen apenas es denunciado el hecho”, dijo.

 

Añadió “hay necesidad de que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud incida en el enfoque preventivo”.

 

Por su parte, la presidenta de la asociación sin fines de lucro May, Ana Calderón Miskúlin explicó “esto refleja una desatención por parte del Estado a esta problemática creciente”.

 

Refirió que no considera el enfoque de género como política de Estado. “El enfoque de género que el gobierno no tomó en cuenta permitirá analizar y ver por qué ocurre, las consecuencias y cómo poder abordarlo”.

 

También, comentó “la Defensoría viene recomendando desde el año pasado que se incluya la tipificación en la Ley de Violencia Familiar el tema de desapariciones”.

 

Además, aseveró que las escuelas deben tener un rol prioritario en cuanto a orientación y prevención.

 

Por otro lado, ambas representantes de la sociedad civil consideran que también debe existir inversión para atender dicha problemática.

 

Asimismo, Ana Calderón señaló que existe falta de logística, así como los mecanismos (software) para detectar las páginas en internet donde captan a las niñas. “Muchos de estos delitos comienzan por internet”.

 

Agregó, el problema que adolece es la falta de evidencias y pruebas, por lo cual se requieren cámaras de videovigilancia para el seguimiento de los casos. “La mayoría de los distritos tienen cámaras, pero acá no tenemos esa intervención municipal necesaria que podría ayudar a las investigaciones”.

 

A su vez, Graciela Alegría manifestó “Sí, se requiere inversión de un presupuesto que esté colocado cada año en el presupuesto público y que sea invertido en capacitación para los operadores, tecnología, compra de camionetas y para apoyo logístico”.

 

“La Policía, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y otras deben actuar apenas es denunciado el hecho”