Nace una nueva polémica al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) respecto al acuerdo municipal aprobado para que se autorice al procurador municipal intervenir en el caso del presunto direccionamiento de la compra de compactadoras.
Desde el Concejo Municipal se aprobó ayer en sesión ordinaria con 12 votos a favor y 3 abstenciones autorizar al procurador municipal iniciar o impulsar los procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros inmersos con responsabilidad civil o penal en relación con el Informe n.° 009-2022-2-OCI que identificó el citado hecho.
En dicho informe el OCI recomienda solo a la Procuraduría Anticorrupción efectuar acción legal.
CONTROVERSIA
Este acuerdo entró a debate el punto de agenda tras pedido del regidor Luis Cabrejos Ucañay, quien indicó que “el pedido se basa en la Ley Orgánica de Municipalidades en el art. 9 inciso 23”.
“Está claramente establecido en la norma, no podemos hacer caso omiso a las recomendaciones, conclusiones a las que ha llegado del control específico que emitió el OCI”, comentó.
“En virtud de las atribuciones que tenemos como regidores presento esta propuesta de acuerdo municipal de disponer al procurador para que en defensa de los intereses de la municipalidad impulse procesos judiciales … en la cual el órgano de control haya encontrado responsabilidad”.
Por su parte, el procurador edil, Juan Huancas Muñoz, sostuvo “las exhortaciones que realizó el órgano de control en el informe 09 de este año, debo precisar que la recomendación está dirigida al procurador público especializado en delitos de corrupción”.
“Añadió “incluso yo estaría siendo pasible de un delito de usurpación de funciones porque mi cargo no estoy facultado para interponer acciones que le corresponden a mi homólogo especializado en anticorrupción”.
Recordar que La Industria informó que el procurador anticorrupción, Valentín Carnero denunció el caso a Fiscalía tras sugerencia del OCI.
