El debate en torno a si el Ministerio Público debería o no incoar un proceso inmediato contra Juan Enríquez García, imputado por el delito de violación de una menor de edad, continúa.

 

El abogado Carlo Lazo Gutiérrez se mostró a favor de que la Fiscalía adecúe su investigación a este procedimiento especial debido a que ya cuenta “con elementos de convicción más que suficientes, como los vídeos donde se aprecia que ingresa a la niña en su vehículo, su propia declaración en la cual reconoce dónde tiene a la niña, la constatación policial que da cuenta dónde se encontró a la niña tras ser secuestrada y del acto violatorio; son pruebas más que suficientes porque acreditan que este hombre es el autor de dichos delitos”.

 

Descartó en ese sentido que un proceso inmediato provoque que, en el futuro, la defensa de Enríquez pueda argumentar que su patrocinado no fue procesado con las garantías de ley. “Se ha dado todas las garantías para que el imputado ejerza su derecho a la defensa, ha participado con su abogado en las diligencias, y eso evidencia un debido proceso”, dijo.

 

En tanto, el letrado Juan Velásquez Caro, defendió el proceso común realizado por el Ministerio Público (MP) en atención a la calidad de los delitos atribuidos a Enríquez.

 

“Considero que no podría darse el proceso inmediato porque los delitos de violación sexual y secuestro no se cometen con la participación de una sola persona, puede haber pluralidad de agentes. Por eso el MP ha considerado citar a los familiares de ese inmueble con la finalidad de averiguar si es que algunas de las personas que estuvieron ahí conocían que el imputado ocultaba a una menor en el lugar o tenían conocimiento del acto que se estaba cometiendo”.

 

En ese sentido, precisó que “la inmediatez del caso no depende de un proceso inmediato sino de las diligencias, que se vayan avanzando”, por lo que aseguró que los 120 días que dura un proceso común y los 9 meses de prisión preventiva contra Enríquez son más que suficientes para que la fiscalía culmine su investigación, acuse al presunto agresor.

 

Juan Velásquez indicó que la población puede verificar los plazos dados a esta investigación como una manera de ejercer su rol vigilante dentro de la administración del servicio de justicia.

 

“La población debe ser vigilante para que los plazos no se dilaten ni se obstruyan, para que el fiscal pida la prueba anticipada de la declaración de la menor, la declaración de los cohabitantes de ese inmueble, y todos los exámenes que correspondan, y que luego de ello concluya la investigación y acuse. No podemos esperar a que se cumplan los plazos del proceso común ni de la prisión preventiva. El fiscal tiene que ver que se trata de un caso que necesita de justicia inmediata por tratarse de una menor”, anotó.