En cada compactadora que está llegando a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) en los últimos días, se identifica que lleva impreso el nombre del alcalde Marco Gasto, lo cual según expertos en materia legal, estaría prohibido y sería antiético.
Así lo indicó el abogado en Derecho Electoral y Penal, Gilberto Carrasco Lucero, quien precisó que según la Ley N° 27815- Ley del Código de Ética de la Función Pública, no debe hacerse referencia a un partido o agrupación política, signos o colores distintivos que lo relacione políticamente.
“Eso no estaría permitido y la Contraloría General de la República debe intervenir ya que hace aproximadamente 4 años existe esta normativa que prohíbe que se tome el nombre de la autoridad en carteles de obras o en cualquier otro bien público que se vincule a la gestión municipal”, explicó Carrasco Lucero.
En esa misma línea señaló que, los funcionarios de la MPCh deberían estar mejor informados de las normativas legales para no incurrir en este tipo de errores que finalmente pueden ser sancionados por Contraloría.
EXCEPCIONES
A su turno, el asesor jurídico de la MPCh, José Flores Cabanillas, indicó que, según el reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral N° v0922-2022, existen excepciones cuando se trata de temas relacionados a educación, salud y seguridad ciudadana.
“En este caso vemos que son bienes adquiridos para el recojo de residuos sólidos que implicaría un servicio que se da a la ciudadanía evidentemente para la salud pública, entonces estaría dentro de la normativa. Diferente sería si se trata de carteles de obras públicas”, explicó.
COBRARÁN PENALIDAD A PROVEEDOR
El día de ayer llegaron a la MPCh 4 compactadoras de 17 metros cúbicos. Sin embargo, según el contrato establecido con la empresa contratista se debió entregar las 12 compactadoras el 9 de abril. En tal sentido, se estaría incumpliendo con la disposición municipal.
Al respecto, el gerente general de la MPCh, Marlow Oblitas Niño, refirió que, esta situación resulta perjudicial para la gestión de residuos sólidos a pesar de la aplicación de 26 500 soles de penalidad por día que se cobraría al consorcio.
“No vamos a ser permisibles en el cobro de penalidades, todos los contratistas deben saber que a Chiclayo se le respeta. La retención se realizará cuando se cancele, en el momento de entrega de todas las compactadoras”, indicó el funcionario edil.
“Eso no estaría permitido y la Contraloría General de la República debe intervenir ya que hace aproximadamente 4 años existe esta normativa que prohíbe que se tome el nombre de la autoridad en carteles de obras”
Gilberto Carrasco Lucero
Abogado de Derecho Electoral
“En este caso vemos que son bienes adquiridos para el recojo de residuos sólidos que implicaría un servicio que se da a la ciudadanía evidentemente para la salud pública, entonces estaría dentro de la normativa”
José Flores Cabanillas
Asesor jurídico MPCh