Autoridades encargadas de la administración de la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) causaron un perjuicio a la entidad por S/717, 317 durante los años 2020 y 2021.
La Contraloría ha revelado en el Informe de Control Específico N°007-2022, que los catedráticos: Olinda Luzmila Vigo Vargas, Segundo Avelino Sánchez Cusma y Sergio Bravo Idrogo, quienes ocuparon las encargaturas del recortado, vicerrectorado académico y vicerrectorado de Investigación, validaron el pago de compensación mensual por S/25,000 y S/22,500, pese a conocer que estaban impedidas según Decreto Legislativo N°1496.
Dicha normativa establecía, en su artículo N°6, que las autoridades encargadas no podían ser beneficiadas con las compensaciones establecidas en el Decreto Supremo 33-2019 o una bonificación diferencia que nivele sus sueldos. De otra parte, el referido decreto supremo establecía que, a partir de octubre de 2020, el rector y vicerrectores de las universidades públicas cambian de régimen laboral hacia el servicio civil, condición con la que tampoco contaban los catedráticos.
El informe de control también advirtió que las exautoridades encargadas sí tuvieron conocimiento del informe técnico de la Autoridad Nacional del Servicio Civil que concluyó en que dichas compensaciones no les correspondían, y que debían dejar de percibirlo para continuar cobrando sus sueldos de sus puestos de origen.
Hasta el momento de su designación como rectora encargada, Olinda Vigo se desempeñó como directora de la Escuela de Posgrado de la UNPRG, mientras que Sergio Bravo y Segundo Sánchez, ocuparon los cargos de decanos de la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura y de la Facultad de Ingeniería Agrícola, respectivamente; con sueldos, en el caso de los tres, superiores a los S/ 7,000.
El informe de Contraloría concluye en los pagos que afectaron el “correcto uso de los recursos públicos y el buen funcionamiento de la administración pública” de la universidad.
ASCENDIERON PAGOS ESSALUD
Los tres exresponsables de la Alta Dirección de esta universidad también están involucrados en el cobro de las contribuciones por Essalud que la universidad realizó. El informe señaló que se realizó un aporte de S/60,900, cuando solo debió ser de S/24,824.88, obteniéndose una diferencia –y consiguiente perjuicio económico– de S/36,075.12.
La Contraloría ha conminado a la actual dirección de la UNPRG a procesar a los funcionarios comprendidos en el presente informe.
El mismo, cuyo apéndice 1, señala 12 personas involucradas en los hechos regulares que afectaron la administración de la universidad, desde el rectorado, pasando por las oficinas de Planeamiento y Presupuesto, de Recursos Humanos, de Remuneraciones y Pensiones, etc.
