El Poder Judicial dictó medidas de comparecencia restringida contra exfuncionarios del Gobierno Regional (Gore) de Lambayeque y una empresaria por delitos contra la administración pública, advertidos durante el proceso de licitación de mejoramiento de 5 instituciones educativas de la región.
REQUERIMIENTO
Se trata de las personas de Wilmer Vásquez Guerrero, Germán Pisfil Agapito, Jorge Luis Chanamé Bernal y Dalbert Aldave Vásquez, quienes ocuparon distintas gerencias del Gore, y a quienes se les imputa las presuntas comisiones de colusión simple, colusión agravada y negociación incompatible.
Todos ellos habrían tenido una participación irregular en distintas etapas de la obra ”Mejoramiento del servicio educativo en instituciones educativas del nivel inicial PNP Divino Niño del Milargo, 018, 031, 131 y 176, de los distritos de Chiclayo, Puerto Eten, Lagunas, Oyotún y Salas”, que convocó el Gobierno durante octubre de 2020, y cuya buena pro fue otorgada al Consorcio Lagunas, representado por Angela Collantes Pinedo, hoy también comprendida en la investigación del fiscal Julio Taboada Ramón, aunque a diferencia de sus coprocesados, en calidad de cómplice.
La investigación precisa que los exfuncionarios habrían motivado un registro extemporáneo del consentimiento de la buena pro del postor ganador, y habían permitido la admisión de un ingeniero civil como residente de obra que no acreditó contar con la experiencia requerida.
Del mismo modo, se detectó que la aceptación de las cartas fianzas de fiel cumplimiento y de adelanto directo por S/1’559,627.88, que no contaron con la previa confirmación de su veracidad, conllevaron a la nulidad de contrato.
Todo ello, terminó provocando que el Gore haya quedado imposibilitado “de recuperar el monto otorgado como adelanto directo, ocasionando perjuicio económico por S/859,627.88.
Todos estos hechos fueron comprendidos en el requerimiento de comparencia restringida que Taboada formuló contra estas personas, las mismas que podrían enfrentar condenas de hasta 17 años, de ser declarados culpables de estos hechos.
El pedido fue atendido, finalmente, por el Décimo Juzgado Anticorrupción de Investigación Preparatoria que, el pasado 29 de marzo, declaró fundado el pedido fiscal.
En ese sentido, los invetigados no podrán ausentarse de la localidad donde residen, y deberán presentarse de manera virtual o presencial –en atención a la vigencia de la emergencia sanitaria– cada fin de mes ante el despacho fiscal, además de cumplir con la prestación del pago de una caución de S/3 000 para Vásquez Guerrero, de S/20 000 tanto para Pisfil Agapito, Chanamé Bernal y Collantes Pinedo; y S/10 000 para Aldave Vásquez.
ETAPAS DE LA LICITACIÓN
El despacho de Taboada Ramón determinó que el procesado Wilmer Vásquez tuvo una participación irregular durante la etapa relacionada a la suscripción contractual de la obra para el mejoramiento del servicio educativo de 4 instituciones. Por la misma etapa también se encuentra procesado Germán Pisfil, aunque este tuvo una actuación adicional en la ejecución contractual, respecto al adelanto directo. En el caso del encausado Jorge Bernal, este habría participado durante una etapa posterior a la suscripción del contrato, esto es la validación de la carta fianza, además del adelanto directo correspondiente a la ejecución contractual, participación que también tuvo su coprocesado Dalbert Aldave.
