Según el abogado Jovino Castillo Castillo, cuando se trata de proteger la salud pública de las personas, está permitido que el Estado a través de sus instituciones y de sus funcionarios regulen un sistema normativo excepcional.
“Es lo que se llama los estados sociales defensivos”, indica, los cuales justifican los estados de necesidad.
“Tratándose de medidas como la actual, sí le está permitido al Estado permitir normas excepcionales que permitan la protección de la población, en este caso el estado de salud”, señala.
Indica que en estos casos se valoran dos cuestiones en el ámbito legal. Por un lado la salud pública, versus la salud individual o el derecho al individuo de no vacunarse. “Evidentemente se prioriza la atención y la prevención a nivel de toda la población y se limita el derecho que tiene la persona a no vacunarse”.
INCONSTITUCIONAL
Para el decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Carlos Martínez Oblitas, el exigir carné de vacunación contra el Covid-19, es una medida inconstitucional.
“En tanto no tiene facultades el Consejo regional para establecer una prohibición de ese tipo. Mucho más si ni siquiera el 50% de la población está vacunada”, sostiene Carlos Martínez.
Señala que de aplicarse esto implicaría la inconstitucionalidad en la medida que habría una discriminación “porque todos somos iguales ante la ley, de tal manera que solamente los vacunados podrían tener acceso a los establecimientos públicos o comerciales, lo cual sería un absurdo”, dice Martínez Oblitas.
CONTRA LIBERTAD DE EMPRESA
El decano del Colegio de Abogados, Carlos Martínez Oblitas, sostiene que de negarse el acceso a las personas a los establecimientos públicos y privados por no presentar su carné de vacunación contra el Covid-19, no solo se atentaría contra la libertad de estas, sino también de las empresas.
“Este sería atentatorio contra la libertad de tránsito de los ciudadanos, más aun en momentos en que nos encontramos en reactivación económica, por lo que se estaría impidiendo el ingreso a establecimientos comerciales y atentando contra la libertad de empresa.
