Los gobiernos regionales y gobiernos locales están obligados anualmente a informar por escrito, a la Comisión de Mujer y Familia, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sobre el cumplimiento del uso del presupuesto para los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM).

 

Según lo indicado en la Ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2019, señala que los municipios están obligados a utilizar hasta el 0,5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar los CIAM a favor de las personas adultas mayores de su jurisdicción.

 

La información remitida debe realizarse bajo responsabilidad del titular del pliego y gerente municipal. Una copia de dicho informe se remite a la Dirección de Personas Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

 

La gerente regional de Programas Sociales, Ana Ravines Merino indicó que, de los 38 municipios en la región, son 17 que han cumplido con la conformación del CIAM bajo una ordenanza, desde ahí se promueve los derechos de las personas adultas, a través de jornadas de salud, recreación y diversas acciones que convierten a los adultos mayores en personas útiles.

 

“Son diversas acciones que desarrolla los CIAM, lo cual permiten que los adultos no estén en sus casas, sino que inviertan su tiempo en actividades productivas, sobre todo de zonas vulnerables”, comentó.