Un nuevo y grave cuestionamiento emerge al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), el cual es puesto al descubierto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de esta entidad.

 

Se trata del Informe de hito de control n° 014-2021-0CI control concurrente a la Recepción, distribución y entrega de alimentos del programa Qali Warma (QW), a personas en situación de vulnerabilidad en el marco del Decreto Legislativo (DL) 1472, cuyo periodo de evaluación fue del 18 al 24 agosto 2021.

 

Según el informe al cual tuvo acceso La Industria, el OCI revela que la MPCh atendió a población fuera del distrito de su jurisdicción, además que no contó con un registro de personas en situación de vulnerabilidad que sería beneficiada con la atención alimentaria complementaria del programa QW, generando que la población objetivo del DL no sea atendida.

 

En el documento se describe que, en la solicitud de entrega de alimentos de 14 de mayo de 2021, solo señala la cantidad de 900 beneficiarios, sin haber identificado los grupos, poblaciones y zonas para la entrega de los alimentos, requisito indispensable, toda vez que la entidad tuvo que haber identificado previamente a la solicitud, la población en situación de vulnerabilidad, que se beneficiaría con los alimentos entregados por QW.

 

El informe narra que, en la primera solicitud del 14 de mayo, la MPCh no identificó los grupos, poblaciones y zonas para la entrega de alimentos, existiendo el riesgo que puedan ser atendidos otros grupos poblacionales; y en la segunda solicitud (24 de mayo de 2021), la comuna sí especificó que atendería a personas con discapacidad o adultos mayores, “no se tenía esta relación de personas en situación de vulnerabilidad que serían atendidos”.

 

Asimismo, el OCI detalla haberle requerido a la subgerencia de Asistencia Social y Alimentaria la relación de las 7 114 personas en situación de vulnerabilidad que iban a ser atendidas con los alimentos, tanto de la primera como segunda entrega, sin embargo, pese al tiempo transcurrido “no fue atendido este requerimiento”.

 

“El 17 de agosto, la comisión se acercó a la subgerencia y Ramos Távara indicó que no cuenta con la relación de personas en situación de vulnerabilidad que serían atendidas con los alimentos entregados por el programa QW, lo que habría conllevado a entregar alimentos a personas que no formen parte de la población en situación de vulnerabilidad”, se lee.

 

También se verificó que se atendió a 250 pobladores fuera del distrito del cercado, conforme se detalla: 50 en el pueblo joven Las Vegas (Pomalca); 50 en Manitas de Jesús del centro poblado Saltur (Zaña); 50 en centro poblado Sipán (Zaña); 100 en centro poblado El Chorro (Pomalca).

 

“Esto a pesar que la Resolución Ejecutiva n° D000039-2021MIDIS de 9 febrero 2021…considera que de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades, “los requerimientos que hagan las municipalidades provinciales serán para atender específicamente a poblaciones vulnerables dentro del distrito cercado de la jurisdicción”, reza el documento.

 

Otra irregularidad detectada consiste en que, la comuna no cuenta con un control de ingreso y salida de los alimentos entregados por QW, situación que impide conocer el stock real que no es distribuido a la población vulnerable.

 

“… personal de la Contraloría procedió a contar los productos que se encontraban en el almacén n° 4, dando como resultado 1 587 bolsas de alimentos y 1 592 botellas de aceite, cantidades que debían coincidir; asimismo, se verificó las anotaciones del cuaderno de ocurrencias de las salidas de los bienes, contabilizándose un saldo de 1 585 productos…con lo cual se evidencia que el control del almacenamiento de los productos no se viene realizando de manera óptima…”.

 

Además, suscriben que, el 17 de agosto, la comisión se apersonó a dicha subgerencia, donde Jesús del Carmen Ramos Távara manifestó que no cuenta con las notas de entrada al almacén de los alimentos, ni con los pedidos de los comprobantes de salida (pecosa), ni con la cartilla denominada Control Visible de Almacén donde queda registrado e ingresado todos los productos alimenticios.

 

Sobre el particular, el regidor, Pedro Ubillús Falla, no dudó en afirmar que lo detectado por el OCI es una más de las malas acciones que se gestan al interior de la gestión que lidera el alcalde, Marcos Gasco Arrobas.

 

“Esto ya lo habíamos denunciado en la interna de la MPCh y la misma subgerente (Ramos Távara) nos dio explicaciones, como que todo estaba en los almacenes, que todo tenía entrada y salida según las normas, pero ahora resulta que todo es falso porque el OCI lo ha descubierto…esos alimentos están siendo usados con fines políticos”, afirmó Ubillús.

 

Al repreguntarle al munícipe si tenía claro el fin político al cual hacía mención, reiteró, “no me queda la menor duda, por más que salgan a decir que estos alimentos son para ayudar a la gente que más lo necesita, cuando no tienen ni idea a quién se lo están entregando, eso está ahí para su libre albedrío…las sospechas de malos manejos es latente”.

 

En otro momento, el concejal criticó a la Contraloría por lo blando que actúa en casos donde las responsabilidades están identificadas, como este.

 

“Creo que aquí no cabía una orientación de oficio como se ha dado, habida cuenta que son hechos consumados, esto sería una irregularidad ya cometida. Ellos mismos (OCI) así lo dicen en su informe al precisar transgresiones normativas. Sin dudas, para mí cabía un servicio de control específico”, señaló.