Surge nueva polémica al interior de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Lambayeque, tras la designación en el cargo de confianza en la jefatura de la Oficina de Administración a Juan Carlos Acosta Bances, quien actualmente es investigado por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción.
Recientemente, el gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, a través de la Resolución Ejecutiva Regional n.° 000304-2021-GR, designó a Acosta Bances en el cargo de confianza de jefe de la Oficina de Administración de la Ugel.
Como se recuerda, el 16 de agosto del pasado año, la ciudadana Deidamia Esther Gutiérrez Bazán interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Acosta Bances, cuando se desempeñó como jefe de Abastecimiento de la Ugel, por la presunta falsificación de las cotizaciones para favorecer, aparentemente, a proveedores en los servicios de mantenimiento de estructuras para Programa no escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) en diferentes distritos de la provincia lambayecana durante el 2019.
INVESTIGACIÓN
Al respecto, el Ministerio Público inició las indagaciones sobre la citada denuncia, lo cual se puede evidenciar en el Oficio n.° 002204-2020-GR, del 16 de setiembre del 2020 –al cual tuvo acceso La Industria– donde detalla que la directora de la Ugel Lambayeque, Edith Soriano Araujo remite a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios las órdenes de servicio sobre las contrataciones de proveedores para los proyectos en los Pronoei.
Al respecto, la directora de la Ugel Lambayeque confirmó para este medio que el proceso de investigación del flamante funcionario continúa.
“La información que solicitó la Fiscalía se remitió … están en investigaciones”, mencionó.
Intentamos comunicarnos con Acosta Bances, quien indicó “te devuelvo la llamada, estoy en una reunión ahorita”, sin embargo, al cierre de la edición no se comunicó.
DESATINO
Ante dicha situación, el consejero Manuel Huacchillo Gonzáles precisó “preocupado que se esté designando a personas que tengan serios cuestionamientos con el Ministerio Público, se deben hacer los filtros respectivos”.
“Considero un desatino la designación de una persona que actualmente está en un proceso pendiente”, finalizó.
