El Colegio de Abogados de Lambayeque evalúa pedir una probable investigación contra el magistrado que permitió que un menor de edad permanezca enmarrocado durante una audiencia que se seguía en su contra.
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), Carlos Martínez Oblitas, refirió que definitivamente esta situación es contraria a la ley, pues todo menor por su situación de minoría de edad goza de la protección del Estado y de la ley, en tanto su desarrollo físico mental no tiene la suficiencia como para distinguir perfectamente, como lo puede hacer un adulto.
“Cualquier situación de esa naturaleza, se trate de quién se trate que lo haya hecho, debe sancionarse”, censuró el decano, quien precisó que en el hipotético caso que el menor haya cometido un acto ilícito no es delincuente, la ley no lo trata como delincuente, ya que el Código del Niño y el Adolescente lo trata como infractor.
“Mucho más sin tiene menos de 14 años, aún no tiene su desarrollo psicológico mental dentro de lo normal; si hubiera una situación de esa naturaleza no se le puede presentar como un delincuente. En caso le encontrasen responsabilidad goza de una medida socioeducativa y no lo cumple en una cárcel, sino en un centro de menores”, explicó.
INVESTIGACIÓN
Anotó que el magistrado debe ser investigado y responder por sus actos, si la policía lo trajo así, él debió ordenar que le retiren de inmediato las marrocas, siempre y cuando determinen la edad.
Señaló que el Órgano Distrital de Control de la Magistratura (Odecma) ve las irregularidades en los actos funcionales de un magistrado y podría suspenderlo o llamarle la atención. Con una información de un medio de comunicación podría actuar de oficio.
Por su parte, el representante del ICAL ante la Odecma, Germán Vásquez Merino, dijo que es una situación bastante delicada, podría ser que tendrían que ponerlo a disposición del órgano de control, pues esto podría ameritar una inconducta funcional.
“Todo juzgador tiene la obligación, por dignidad de la persona, más aun si es un menor de edad, tratarlo con respeto y consideración en el sentido que toda persona es inocente hasta que se declare su culpabilidad, más aun si es menor de edad”, sostuvo.
Manifestó que antes que nada se debe respetar los derechos humanos dentro de un proceso. “Si esa situación se ha dado, habría que analizarlo y si es pública, ponerla a conocimiento de Odecma”, argumentó.
De ser el caso, dijo, se aplicaría la sanción previa al proceso que corresponde, el cual tiene un plazo de 30 días aproximadamente.
