El requerimiento de prisión preventiva que pesa sobre el actual gobernador regional (e) de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, programado para ser visto el próximo 25 de marzo en audiencia judicial, podría ser adelantado.

 

Como se recuerda, Díaz Bravo desde hace un par de semanas asumió el control total del Gobierno Regional (Gore), luego de haber estado no habido por la justicia ante la detención preliminar que tenía en su contra (situación que superó en audiencia de apelación) al ser sindicado por la Fiscalía Anticorrupción de pertenecer presuntamente a una organización criminal aparentemente liderada por el suspendido gobernador, Anselmo Lozano Centurión (con mandato de prisión cárcel preventiva por 24 meses), además de cohecho pasivo.

 

A esto se suma que, la fiscal del caso, Karín Ninaquispe Gil, consideró dentro del requerimiento de prisión preventiva el peligro procesal que significa la presencia de Luis Díaz Bravo al frente de Gore.

 

Ante tan álgido asunto, La Industria le preguntó a la fiscal Ninaquispe, ¿tendría algún inconveniente en pedir se adelante la audiencia de prisión preventiva contra Díaz Bravo? Y ella respondió, “no, no tendría ningún inconveniente, el tema es que nosotros no manejamos la agenda del Poder Judicial, ellos manejan su propia agenda”.

 

En este contexto y sabiendo que, el Consejo Regional de Lambayeque le pidió vía acuerdo regional que gestione el adelanto de esta audiencia de prisión preventiva, se insistió con el asunto a la fiscal, quien comentó, “cualquier pedido que se haga a un juez tiene que ser por escrito, nosotros no tenemos conversación con los jueces, toda la vinculación con un juez es a través de los escritos que formalmente presentamos”.

 

Otro extremo en el cual se ratificó la magistrada (Ninaquispe) es la acusación de organización criminal que pesa sobre todos para los que pidió prisión preventiva, incluyendo a Díaz Bravo, esto a pesar que, el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Reynaldo Leonardo Carrillo, lo desestimó en la audiencia de cárcel preventiva de los primeros 10 implicados en este caso (que incluye a Anselmo Lozano).

 

“Nosotros insistimos con el tema de organización criminal. Creemos que la Sala en segunda instancia va a tener que evaluar todos los elementos de convicción que nosotros presentamos para acreditar la existencia de una organización criminal”, expresó.

 

En este escrito, en la página 323, en el acápite “peligro de obstaculización” se lee extensos párrafos que sustentarían por qué Luis Díaz Bravo no podría estar al frente del GRL.

La representante del Ministerio Público se respalda indicando que debe tomarse en cuenta lo regulado en el art. 270 inciso 1 y 2, respecto al imputado Luis Alberto Díaz Bravo, quien ostenta en la actualidad el cargo de vicegobernador de Lambayeque.

Ninaquispe Gil le pide al juez tomar en cuenta que Díaz Bravo también en varias oportunidades fue regidor de la Municipalidad Distrital de

La Victoria.

“Así como que varias personas dentro del gobierno regional le deberían favores políticos, y como miembro de esta organización ha podido crear contactos y es más, ha propiciado ingreso de trabajadores en el GRL”, reza el documento.

La Fiscalía se sustenta en la evidencia de la conversación que (Díaz Bravo) sostuvo con el gobernador regional Anselmo Lozano Centurión a través del chat de Whatsapp.

“Si lo sé, Anselmo. Él es un amigo de niñez de Edwin Vásquez y mío. Hemos crecido juntos en la misma cuadra. Él tiene un compromiso conmigo de amigos, no de partidos políticos. Es buena persona y muy amable y honesto”, se lee en el documento.

Karín Ninaquispe detalla que dicha conversación se haya en el acta de diligencia de deslacrado, lectura y visualización de un equipo celular incautado en el inmueble ubicado en la calle Los Tambos N° 850 – La Victoria – Chiclayo de propiedad del imputado Anselmo Lozano Centurión.

“Esto haría razonable que dados los contactos y favores políticos que le deberían por puesto de trabajos y por el cargo que ocupa en dicha entidad, posibles testigos no declararían con la verdad o de seguir en el puesto de vicegobernador de Lambayeque, podría influir a que estos no declaren con la verdad o eliminar medios de prueba, lo que evidenciaría que es razonable suponer que podría obstaculizar la presente investigación, configurándose el peligro procesal de obstaculización también en este extremo”, afirma la fiscal en su requerimiento.