La intervención del Ministerio Público y de la Contraloría demandó el representante de los trabajadores del Gobierno Regional de Lambayeque, Elmer Rivas López, ante presuntos indicios de irregularidades en concursos CAS en supuestas plazas inexistentes a finales de 2020.

 

Según se detalla en la denuncia, a finales del año 2020 el Gobierno Regional de Lambayeque convocó dos concursos CAS (Contrato Administrativo de Servicios) “en plazas inexistentes que no contaban con la cobertura presupuestal correspondiente, que motivó a que no sean reconocidas por el Ministerio de Economía ni tampoco sean registradas en el Aplicativo Informático de Recursos Humanos del sector.

 

Elmer Rivas López, representante de los trabajadores, señala que lo que se cuestiona es una muestra de cómo la gestión regional de Anselmo Lozano ha manejado el presupuesto “aparte que han desactivado funciones administrativas de varias áreas”.

 

“Han forzado (el presupuesto) para el beneficio de la gente que han contratado, dejando de lado a otros trabajadores que los han enviado a sus casas”, una situación, que según señala “sucedió en todas las áreas”.

 

Recuerda que en algunas obras por administración directa del Gobierno Regional se ha contratado ingenieros externos, cuando una obra bajo esta modalidad debe ser personal de la propia institución para ejecutarla.

 

Se cuestiona que los perfiles de puesto al parecer sirvieron “para acomodar a familiares y allegados políticos que ya trabajaban en la condición de locadores en las diferentes áreas del gobierno regional”. Estas plazas se destinaron a las oficinas regionales de Planeamiento y Presupuesto, Recursos Humanos, Infraestructura, Asesoría Jurídica, Procuraduría Pública, Logística, Gerencia de Recursos Naturales y al mismo Órgano de Control Institucional.

 

“Como tienen la sartén por el mango (…), ellos hacen las modificaciones presupuestales a su libre albedrío o a su conveniencia, pero afectando otras partidas que son más productivas”, refiere Rivas López.

 

El cuestionamiento también está dirigido a que las oficinas de Recursos Humanos, Planeamiento y Presupuesto y Administración y es que “a finales del año 2020 y principios del año 2021 firmaron cláusulas adicionales de renovación de los contratos de estos trabajadores, sabiendo perfectamente que estas plazas no están financiadas, lo cual está prohibido por la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2021.

 

“Yo he dicho siempre, desde el primer año de gestión, ellos han venido a dilapidar. Gestos como aumentarse el sueldo desmesuradamente o como tener asesores que no cumplen esa función”.