Un nuevo cuestionamiento se le endilga a la gestión edil chiclayana que dirige el alcalde, Marcos Gasco Arrobas.

 

En esta ocasión, cuatro regidores del bloque opositor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y colusión agravada.

 

De acuerdo al escrito presentado por los regidores Percy Espinoza Gonzáles, Jony Piana Ramírez, Orlando Puell Varas y Karina Villegas Campos, la denuncia por malversación de fondos públicos es contra Marcos Gasco Arrobas y la subgerente de Logística, Rosa Milagros Villalobos Urteaga.

 

Por el delito de colusión incumben a los dos antes mencionados, y además contra José Enrique Ruiz Cardozo, gerente representante de la empresa Multiservicios R.A. del Norte E.I.R.L.

 

En este rubro, los concejales mencionan que la MPCh contrató 10 vehículos (9 autos y una camioneta) en servicio de alquiler con la empresa arriba citada, “supuestamente para reforzar la seguridad ciudadana y patrullar las calles… por un valor de S/ 62 mil, la cual se realizó teniendo como base el Decreto de Urgencia N° 115-2020”.

 

Dicha norma dicta medidas extraordinarias para la realización de actividades de fiscalización destinadas a la recuperación de espacios públicos, sostenibilidad, ordenamiento urbano y seguridad en distritos focalizados.

 

“Decreto de urgencia que establece con absoluta claridad y precisión en sus artículos tercero, cuarto y quinto, que el dinero transferido del Gobierno Central a los gobiernos locales se destinará única y exclusivamente para contratación de personal (fiscalizadores), bajo responsabilidad (malversación)”, reza la denuncia.

 

Agregan que, en ninguna parte del precitado decreto, “se autoriza o se adiciona que, el dinero transferido se destine a la contratación de bienes o servicios de vehículos o maquinarias”, por lo que para ellos configura el presunto delito de malversación de fondos públicos.

 

Otro fundamento gira en torno a que, consultada la página del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), detectaron que a dicha empresa contratante, “se le permitió en un solo día, en cuestión de minutos, retirar y reingresar su oferta de costo del servicio sabiendo ya de antemano la oferta de las demás empresas postoras competidoras, ofertando, en este reingreso relámpago, un precio menor a las demás”, lo que para los concejales enmarca colusión agravada.

 

Respecto a la imputación de malversación, el primer regidor de la comuna chiclayana, Junior Vásquez Torres, dijo haberle consultado al gerente general de la MPCh, Eleazar Torres Ybañez, quien le dio una explicación ajustada a la norma.

 

“Me dice que hay unos anexos (en el decreto de urgencia) que permiten la contratación de vehículos para poder recuperar los espacios públicos, entonces, si hay un anexo que lo permite, esto ya es hacer oposición por oposición, por eso yo siempre digo que son obstrucción”, precisó Vásquez.

 

Con relación al presunto delito de colusión agravada, señaló desconocer este punto. “En todo caso si hay algún responsable en la próxima sesión de concejo pediremos que se investigue de oficio y que el expediente de contratación pase al Órgano de Control Institucional para que sea revisado. Si hay algo irregular, que se sancione, pero malversación de fondos me parece desproporcionado”, acotó.