Con Resolución Gerencial General Regional N° 000143-2020 se resolvió declarar improcedente la solicitud de beneficio de defensa del expresidente regional de Lambayeque, Yehude Simon Munaro, quien purga arresto domiciliario por el sonado caso de corrupción del Proyecto Olmos que involucra a la empresa Odebrecht.

 

Dicho hecho de inmediato provocó la reacción del consejero regional, William Velásquez Bardales, quien calificó como “mal cálculo político” las decisiones que se toman desde el ejecutivo regional encabezado por Anselmo Lozano Centurión, ya que –dijo– en el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) sí se aprobó contratar abogados por 80 mil soles para que defiendan a un exfuncionario y otro funcionario en ejercicio investigado en el mismo caso de Yehude Simon.

 

Velásquez mencionó que, aunque en primera instancia al PEOT se le ordenó anular esta contratación de la cual ya había desembolsado 40 mil soles, ahora funcionarios de esta misma entidad anuncian que volverán a licitar esta contratación.

 

Según Velásquez, fue un abogado que llevó el gerente del PEOT a una reciente sesión del Consejo Regional quien explicó que retomarían el proceso de contratación, “incluso dijo que quizá contratarían a la misma empresa que le anularon la primera licitación, porque esta no iba a devolver el adelanto (40 mil soles) que se le habían dado”.

 

Frente a este panorama, La Industria le preguntó al consejero regional, ¿este tipo de actitudes no advertirían que, el dinero del Estado se estaría utilizando para defender a la corrupción? Y este respondió, “totalmente, estoy convencido que esto se viene manejando así, se está destinando recursos del Estado para defender casos de corrupción”.

 

La Industria también buscó la versión del jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), Víctor Díaz Burga, quien describió que, básicamente se negaron a contratarle una defensa legal a Yehude Simon, porque uno de los delitos que se le imputa es lavado de activos, el cual no se desprende de la administración pública.

 

Lo que sí recalcó claramente Díaz Burga fue que, Yehude Simon también solicitó al GRL el pago de los honorarios de su defensa legal, los mismos que ascendían a 100 mil soles.

 

Con relación a que en el PEOT volverían a contratar abogados por este mismo tema, Díaz Burga mencionó que su oficina ya ha declarado la nulidad del primer proceso, “esos son temas de responsabilidad administrativa en el PEOT”, expresó.

 

La Industria también se comunicó con el expresidente regional, Yehude Simon, quien nos contestó desde su arresto domiciliario. Simon dijo tomar con tranquilidad la denegación de su defensa por parte del GRL, la cual requirió porque la ley lo faculta. “No tengo plata. Evidentemente es imposible contratar abogado”.

 

El exmandatario regional aceptó haber solicitado los 100 mil soles al GRL para el pago de su defensa legal, porque fue la cifra que le pidió el abogado que buscó. “si el juicio sale en mi contra tendría que devolver la plata”, acotó.