Los gobiernos regionales y locales están obligados a utilizar el 1 % del presupuesto para beneficiar a las personas con discapacidad, pero muchos no lo hacen y ni siquiera lo conocen.
De acuerdo a lo que establece el Decreto de Urgencia n.° 014, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público en el presente ejercicio fiscal 2020, el 0.5 % de su presupuesto institucional debe ser a favor de la realización de obras, mantenimiento, reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales y regionales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a los que presenten algún tipo de discapacidad.
El otro 0.5 % de su presupuesto institucional debe ser para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) y las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (Oredis).
El coordinador del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) Lambayeque, José Muro Carrasco, precisó como están los presupuestos y la falta de interés en ejecutarlos.
“Antes era como una recomendación para las autoridades que ejecuten este presupuesto, pero ahora la ley es clara y exige la ejecución presupuestal”, expresó.
La Municipalidad Provincial de Chiclayo tiene un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/118 908 207, es decir, el 1 % equivale a S/1 189 082.07 que debe ser utilizado en atención de la persona con discapacidad.
En la provincia de Ferreñafe, el municipio tiene un PIA de S/17 552 378, siendo el 1 % de S/175 523.78
En Lambayeque el 1 % del PIA es S/444 761.83 que debe ser destinado para beneficio de este grupo de población vulnerable.
En el Gobierno Regional el PIA es de S/1 201 137 797; por lo tanto, el 1 % es de S/12 011 377.97.
Para conocer si la gestión municipal o regional cumplió con el uso del 1 % del PIA, se deberá esperar hasta 90 días calendario, culminado el año fiscal, que es el plazo para que se informe por escrito, a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, sobre el cumplimiento de lo establecido.
Ayer fue el Día Nacional de la Personas con Discapacidad donde se recordó el acceso al empleo, educación, salud y trabajo en esta pandemia.
La señora Luz Becerra Rodríguez vive en Tumán y presenta una discapacidad física, pero eso no fue impedimento para solicitar trabajo a través del programa Trabaja Perú.
Desde muy temprano, barre las calles en su silla de ruedas, pero también es consciente que no hay oportunidades de empleo para este grupo vulnerable, tengan o no una carrera profesional.
La municipalidad de Chiclayo realizó una campaña médica dirigida para la población con discapacidad, donde se brindó atención covid-19, entrega de víveres, medicamentos y certificado de discapacidad.
El gerente de Desarrollo Social y Promoción de la Familia, Derliz Guzmán Tejada, informó que el objetivo de la campaña era atender a 500 personas, con apoyo de la Gerencia Regional de Salud y otras instituciones.
Consultado sobre el número de personas con discapacidad y el presupuesto para esta población, desconocía las cifras.