La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque demandó a las municipalidades provinciales de Chiclayo y Lambayeque ejecutar con urgencia el total del presupuesto asignado para asistencia alimentaria y la adquisición de kits de limpieza, desinfección y seguridad. Debido a la falta de ejecución presupuestal, los comedores populares de ambas jurisdicciones permanecen cerrados, afectando a las familias de menos recursos, en pleno contexto del covid-19.

 

Tras una supervisión realizada por la oficina defensorial a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el mes de junio, se detectó que esta comuna no había ejecutado el presupuesto asignado para la asistencia alimentaria, teniendo un avance de 0%. En una segunda inspección, efectuada en setiembre, se comprobó un avance de solo 0.5 %. No obstante, el municipio informó sobre la compra de 119 941.20 kilos de arroz, los cuales ya se encuentran en el almacén municipal. Asimismo, registró un avance de 68.8 % en la ejecución presupuestal para la adquisición de kits de limpieza, desinfección y seguridad.

 

Similar situación se encontró en la Municipalidad Provincial de Lambayeque, que presenta una ejecución presupuestal de solo 15.4 % para asistencia alimentaria a hogares y albergues, y de 59.6 % en la compra de kits de limpieza, desinfección y seguridad.

 

Cabe señalar que, según el Registro Único de Beneficiarios/as (Ruben), en el 2019 existían en Chiclayo 217 comedores populares, con 12 300 beneficiarios; en Lambayeque había 176 comedores con 8800 beneficiarios; y en Ferreñafe, 144, con 6980 beneficiarios. Sin embargo, actualmente, solo están en funcionamiento los comedores de Ferreñafe, que atienden desde el mes de junio.

 

De la misma manera, la oficina de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque comprobó que ninguna municipalidad supervisada ha implementado un mecanismo para que los comedores rindan cuentas sobre el uso de los recursos que se les entrega, ni cuenta con un canal de denuncias sobre los servicios de los comedores.

 

Ante ello, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo, expresó que la falta de ejecución de los presupuestos vulnera la condición del servicio esencial en el abastecimiento de alimentos, durante el estado de emergencia y, además, pondría en riesgo la salud de más de 20 000 personas que son beneficiadas con este servicio, cifra que, se estima, podría haber aumentado con la pandemia.