Un perjuicio económico por S/ 2 741 786. 52 en la obra vial denominada Vía Canal de más de 6 kilómetros de longitud, en el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), a cargo del anterior Gobierno Regional de Lambayeque, fue detectada por la Contraloría General de la República.

 

En esta obra se destinó una inversión de S/ 50 millones. Asimismo, se identificó presunta responsabilidad civil y/o administrativa en 16 exfuncionarios de la entidad.

 

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 364-2020-CG/GRLA-AC, la comisión auditora determinó que el anterior Gobierno Regional de Lambayeque aprobó el expediente técnico con deficiencias y omisiones en su formulación y metrados sobredimensionados (diferentes a la cantidad de obra a ejecutar) sin contar previamente con estudio de preinversión viable.

 

Asimismo, dio conformidad a valorizaciones y a la culminación de la obra sin observar los metrados no ejecutados. Además, la obra no fue ejecutada conforme a los planos. Los hechos descritos afectaron la legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y el correcto funcionamiento de la administración pública.

 

Otra observación de la Contraloría es que la entidad regional anterior formuló y aprobó un expediente técnico con un estudio de suelos insuficiente, sin estudio de tráfico vehicular y falencias en la formulación del diseño del pavimento, lo que ocasiona que la obra no alcance el período de vida útil previsto. En el mismo sentido, la ejecución de los pavimentos del trazo principal y el muro de contención incumplieron lo establecido en el expediente técnico y/o normativa técnica.

 

Los auditores también corroboraron la aprobación de expedientes de adicionales y deductivos de obra con inconsistencias en el cálculo de metrados y en los planos, así como la valorización de metrados (cantidad de obra) superiores a los realmente construidos.

 

Igualmente, detectaron que se otorgaron ampliaciones de plazo por causas atribuibles a la entidad, lo cual generó el reconocimiento de mayores gastos generales, incorporados en la liquidación del contrato cuya validez fue declarada mediante laudo arbitral.

 

Precisamente, en la liquidación del contrato de ejecución de obra, se incluyeron reajustes de precios no acordes a la Ley de Contrataciones del Estado, además de un importe de IGV superior al que corresponde legalmente, los mismos que no fueron objetados por los funcionarios competentes de la entidad.

 

Asimismo, se detectó demora en el trámite de valorizaciones y aprobación de adicionales sin contar con disponibilidad presupuestal, lo que generó el pago y reconocimiento de intereses legales a favor del contratista.

 

Los resultados de informe fueron enviados a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales contra los exfuncionarios involucrados.

 

Igualmente, se comunicó al titular del actual Gobierno Regional de Lambayeque, para que disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades correspondientes.