El gerente regional de Educación, Daniel Suárez Becerra, manifestó que siete instituciones educativas privadas de Chiclayo han sido denunciadas por presunta falta de transparencia al Decreto Legislativo Nro. 1476.

Este, en su artículo seis, sostiene que, “las instituciones educativas privadas que brinden el servicio no presencial en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, comunican a sus usuarios/as, por correo electrónico o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su recepción, la existencia o no de una propuesta de modificación del contrato o documento que detalla las condiciones de prestación del servicio educativo”.

Suárez Becerra señaló que la norma no estipula el porcentaje de la disminución de la matrícula y las pensiones de enseñanza. Por ello, cada institución educativa debería llevar a cabo un estudio situacional económico y en base a ello, realizar una propuesta a los padres de familia.

No obstante, como se recuerda, en abril y mayo, los padres de familia protestaron en los exteriores de diversos centros educativos de Chiclayo, exigiendo la reducción del 50% de la matrícula y pensiones. Ellos exigieron la intervención de las autoridades regionales del sector Educación.

El gerente regional de Educación precisó que junto a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo, realizan una investigación y un proceso administrativo a los colegios involucrados en base al Decreto Legislativo Nro. 1476 y el Decreto Supremo 007-2020.

Añadió que supervisan a las siete instituciones educativas y de ser factible habrá un proceso sancionador o se informará al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).