La mañana de ayer, se conoció que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), removió de su cargo al director del penal de Chiclayo, Edgard Vílchez Casas y en su lugar designó a Segundo Chávez Palomino.

“Aquí están los documentos que hemos elaborado desde un comienzo, pidiendo que se haga presente el Ministerio de Salud (a través de la Gerencia Regional de Salud), para que atienda a los compañeros del INPE y a los internos, porque todos somos humanos”, indicó.

Líneas seguidas sostuvo que se siente “defraudado” y “burlado” por las autoridades de su institución y del Gobierno Regional. Incluso, añadió que se solicitó el apoyo del Comando Regional de Operaciones Covid-19 para evitar que se produzca un contagio generalizado en el centro penitenciario, pero tampoco los auxiliaron.

Como se recuerda, el funcionario solicitó un aproximado de 300 pruebas para examinar a los internos con síntomas relacionados al coronavirus.

Desde que el Gobierno Central decretó el estado de emergencia, en el penal de Chiclayo se han producido cuatro motines; tres de ellos durante la gestión de Vílchez Casas (uno el último miércoles). Por este motivo, hace aproximadamente una semana, presentó su carta de renuncia.

En tanto, al nuevo director del centro penitenciario, Segundo Chávez, quien fue presentado la tarde de ayer ante los agentes del INPE, le queda continuar con las gestiones de su antecesor para evitar la propagación del Covid-19 y los enfrentamientos de los internos.

Según un informe de la Policía Nacional del Perú (PNP), el penal de Chiclayo tiene 4693 reos.

URGEN MEJORAS

La Defensoría del Pueblo, a través del oficio N°422-2020, se dirigió al titular de la Oficina Regional Norte del INPE, Edinson Alvarado Ortiz y le pidió, “tomar acciones urgentes tendientes a proteger la seguridad, integridad y vida de las personas privadas de su libertad, y personal del INPE” en Piura, La Libertad y Lambayeque.

Asimismo, le recomendó mejorar el canal de información para la población, “a fin que se conozca al detalle, la situación de los internos y protocolos de actuación frente al brote masivo del Covid-19 dentro de los establecimientos penitenciarios bajo su jurisdicción”, ya que vienen recibiendo reclamos reiterados de los familiares, en el sentido que desconocen su estado de salud y el tratamiento que se les viene brindando al interior del penal, sobre todo a aquellos que tienen los síntomas.

La Defensoría refiere que esta situación se está volviendo insostenible, máxime si los establecimientos de Trujillo y Chiclayo no están respondiendo los teléfonos desde hace varios días, a pesar que los medios de comunicación local emiten diariamente noticias de contagiados y fallecidos al interior de los penales.

Asimismo, la línea gratuita 1884 opción 2, destinada a informar el estado de salud de un interno siempre se encuentra ocupada.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo considera que el principal motivo de las protestas radica en el temor al contagio por COVID-19, la falta de información para prevenirlo, la deficiente atención en los tópicos de salud (donde falta personal especializado, medicamentos y kits de bioseguridad suficiente), la ausencia de acciones eficaces para disminuir los niveles de hacinamiento y, sobre todo, la ausencia de un plan público de acción frente al coronavirus.

Esta situación preocupa sobremanera, ya que no puede conocerse las medidas de carácter extraordinario que se han adoptado en los establecimientos penitenciarios de Trujillo, Chiclayo y Piura, ni el nivel de coordinación con el Ministerio de Salud. Considera que las medidas del Ministerio de Justicia han sido tardías e insuficientes, contribuyendo a un brote masivo del COVID-19 en las cárceles a nivel nacional.

Derivan el informe a la Presidencia de Juntas Fiscales Superiores del Distrito Fiscal correspondiente para los fines consiguientes.