El viernes 28 de febrero del presente, se aprobó la ordenanza que declara diversas zonas del distrito de Chiclayo como rígidas para el estacionamiento vehicular.

Así como en algunas cuadras de las calles Cois, Arica, Diego Ferré, Colón, Manuel Pardo, Ocho de Octubre, Alfonso Ugarte, Amazonas, Bolívar, Raimondi, Mariscal Nieto, Tacna, Juan Cuglievan, Francisco Cabrera, etc.

Sobre ello, el presidente de la Central de Taxis de Chiclayo, Juan Vásquez, mencionó que todos los gremios de transportes y la ciudadanía en general están de acuerdo con la aprobación de dicha norma, que contribuirá a mejorar el orden de la ciudad.

Añadió que muchos conductores de vehículos estaban utilizando los carriles de las calles y avenidas para estacionarse e impedían el libre tránsito de las demás unidades.

Según señala la ordenanza municipal, las unidades vehiculares que se hallen estacionadas trasgrediendo las zonas rígidas establecidas, “serán multadas con la infracción tipificada con el código G.40 regulado en el Decreto Supremo Nro. 016-2009-MTC”.

Asimismo, indica que la norma entrará en vigencia a partir de 20 días del día siguiente de su publicación, periodo en el cual se realizará una campaña de sensibilización a los ciudadanos y se realizará la señalización horizontal y vertical de las zonas establecidas.

NO APROBARON

No obstante, Juan Vásquez, manifestó que este mismo día, en Sesión de Concejo, no se aprobó la ordenanza que busca impedir el ingreso de aproximadamente 12 mil taxis al centro de la ciudad porque no reúnen el peso, ni la cilindrada establecidos.

“Estos vehículos tienen empadronamiento y se dieron en base a dos ordenanzas: una que se emitió durante la gestión de Roberto Torres y la otra en la gestión de David Cornejo. Por tanto, arbitrariamente, no pueden sacar a los vehículos del cuadrante de Chiclayo para que trabajen por los alrededores. No se puede cortar con la libertad de tránsito y la libertad de trabajo”, acotó.

Agregó que lo único que están solicitando al alcalde Marcos Gasco Arrobas es cumplir con la Ley General de Transportes N° 27181 y los decretos supremos 017 y 025.

“Estamos tratando de analizar lo que se va a hacer, pero si (las autoridades) persisten en sacar la ordenanza, no nos quedaría otra medida que presentar una acción de amparo”.

Juan Vásquez preciso que esta ordenanza afectaría a más de 12 mil familias que por comprar una unidad vehicular hipotecaron su casa y sacaron préstamos. Además, en su momento les dieron los permisos correspondientes, pero ahora indican que ya no pueden circular más por el centro de la ciudad.