Los integrantes del Frente de Defensa de la Universidad Particular de Chiclayo, señalaron que pedirán al nuevo Congreso de la República un trato igualitario en el asunto del Licenciamiento, tanto a las universidades públicas como privadas, ya que ambas cuentan con estudiantes, docentes y graduados en iguales condiciones, pero solo a las públicas les dan plazos más extensos para solucionar sus observaciones, cosa que no sucede con los centros superiores privados.

Explicaron que son cuatro pasos que deberían seguir todas las instituciones: presentación documentaria, verificación presencial, emisión de la resolución y recurso de reconsideración. Sin embargo, con fecha 19 de octubre de 2019 emiten el DS 016, dando dos años más de plazo a las nacionales para presentarse absolviendo sus observaciones; y además de ese “salvavidas”, el 24 de diciembre de 2019, mediante DS 034 les dan un año más.

Esto significa que para las universidades públicas no hay recurso de reconsideración, sino un plan de emergencia por dos años más, a cuyo término solicitará nuevamente su licenciamiento.

Tampoco aplica para ellas el proceso de cese de actividades, a pesar que el reglamento indicaba que era para públicas y privadas.

“Pediremos a los nuevos congresistas que deroguen estos decretos; nos dirigiremos a los cinco parlamentarios lambayecanos y a la comisión de Educación, porque aquí se castiga a la juventud”, observó Prado Quispe, quien añadió que a las universidades privadas también les deberían permitir ejecutar un plan de emergencia orientado a alcanzar las condiciones básicas de calidad.

RENUNCIA DE RECTOR

De otro lado, el frente de defensa dirigió una carta notarial al rector de la Universidad Particular de Chiclayo, Alberto Ortiz Prieto, solicitando su renuncia inmediata a dicho cargo, toda vez que consideran que es el único responsable de la extinción de esta casa superior de estudios.

Los dirigentes argumentaron que Ortiz desconoció a la promotora, realizó supuestos gastos indebidos, despidió al 30 por ciento de profesores a tiempo completo (quedando un 8% cuando la norma pedía 25%), y despidió a docentes dedicados a la investigación, requisito básico para el licenciamiento. Además, se pagó vacaciones truncas por un monto de 900 mil soles, cuando ese dinero debió servir para implementar laboratorios.

Añadieron que todos estos hechos fueron comunicados a la Sunedu, pero no hizo nada al respecto.