El domingo 15 de diciembre del 2019, dos jóvenes de 18 años murieron electrocutados mientras cumplían con sus labores en la cadena de comida rápida MacDonald’s en el distrito de Pueblo Libre en Lima. Carlos Campos y Alexandra Porras no tenían un gran sueldo ni tampoco llevaban puestos guantes ni calzado especial que impida el impacto de una descarga eléctrica, pero aun así, se esforzaban para cumplir con sus sueños.

Añadió que de las 674 800 personas, cerca de 539 940 (80%) son jóvenes (54% varones y 46% mujeres). De los cuales, solo 168 440 (25%) se encuentra trabajando de manera formal; es decir; las empresas están cumpliendo con sus derechos laborales, en lo que corresponde a CTS, gratificación, vacaciones, seguro de vida, entre otros. No obstante, otro grupo, que no precisó, se encuentra laborando en condiciones precarias y los demás están a la espera de un empleo.

“El Estado a través del Ministerio de Trabajo y en alianza con los gobiernos regionales está prestando la mayor atención a este sector de la población, porque se trata de un grupo bastante vulnerable. Cada año hay más jóvenes en busca de un empleo e incluso de un empleo digno, porque muchas veces deben laborar en condiciones precarias, que les puede generar hasta la muerte”, subrayó Guzmán Enríquez.

RESPONSABILIDAD

Con respecto a la muerte de Carlos y Alexandra, dijo que se deben analizar diversos factores para que estos hechos no se repitan, debido a que podría tratarse de una falta de capacidad en cuanto a las inspecciones por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y del otro lado, el descuido o negligencia de los mismos empleadores por no brindar las medidas de seguridad a sus trabajadores.

“Existe una normatividad que ellos lo conocen y por lo tanto, están obligados a cumplirla. La negligencia podría darse en el caso que ellos, habiendo implementado algunos sistemas de control de seguridad, los protocolos no son verificados constantemente y por ello, incurren en este tipo de accidentes”, sostuvo.

ACCIONES

En ese sentido, Alberto Guzmán, manifestó que el Centro de Empleo de la región Lambayeque está implementando diversas medidas para combatir esta problemática, entre ellas, el Certijoven, que permite obtener los certificados de antecedentes, penales, policiales y judiciales de forma gratuita.

Asimismo, a partir de abril del presente año iniciará el funcionamiento de los centros de empleo en siete municipalidades de la región (Motupe, Zaña, Pueblo Nuevo, La Victoria, José Leonardo Ortiz, Chiclayo y un distrito del corredor azucarero que se está por confirmar).

Precisó que en julio se contará con una unidad móvil, a la cual la han denominado centro de empleo rodante, que les permitirá llegar a los lugares más vulnerables de los 38 distritos de la región, a fin de que jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores tengan mayores posibilidades de acceder a un trabajo digno.