Serias objeciones se presentan en torno al Proyecto de Inversión Cofinanciada (IPC) en La Montería, cuya ejecución por 600 millones de dólares recientemente fue anunciada por el Gobierno Regional de Lambayeque.

Si bien la Iniciativa Privada Cofinanciada denominada: “Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay – Lambayeque”, contempla la incorporación de 33, 200 hectáreas a la frontera agrícola y un gran beneficio para miles de agricultores, tiene algunas objeciones que podrían complicar su proceso de ejecución.

CARÁCTER TÉCNICO

El antropólogo Pedro Alva Mariñas, precisó que la primera objeción es de carácter técnico y está relacionado a que la represa La Montería tendría su toma de captación de agua en el río Chancay, en un punto arriba de la actual toma del Racarrumi, que es el punto de captación de agua del reservorio de Tinajones.

“Entonces generaría un acceso más preferente y rápido a las aguas del río Chancay. Y eso, ya crea una especie de temor en la gente del valle Chancay - Lambayeque al tener una toma antes del tradicional Racarrumi”, agregó.

Indicó que si tomamos en cuenta que La Montería también va a abastecer con agua a nuevos predios y que en estos se va a implantar cultivos de exportación, para atenderlos podría presentarse una fuerte presión de los agricultores para tener una atención preferente con el agua.

PARTICIPACIÓN

El antropólogo Pedro Alva Mariñas señaló que existen evidencias de que los agricultores, comisiones de regantes y la junta de usuarios, en su tiempo, dieron cierta autorización en asambleas y acompañamiento a los técnicos del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y a la gente de la empresa Queiroz Galvao.

Manifestó que el discurso que sustentaba este proyecto, garantizaba el agua de riego para todo el valle, ya que pretendía captar el agua de abundancia durante los meses de diciembre y de marzo, para almacenarlo y destinarlo a suplir las deficiencias de agua durante la campaña agrícola en el valle Chancay. ´

“Con este argumento obviamente todos dieron su visto bueno, porque se trataba de garantizar el agua de riego, pero no dijeron que la sustentación básica de este proyecto es dar agua a nuevas tierras, que estarían ubicadas en parte del valle Zaña, en dirección a las pampas de Reque”, refirió Alva Mariñas.

“En consecuencia, esa parte de la habilitación de nuevas tierras, obviamente fue ocultada a los regantes, porque si se les habla de esa forma, entonces la reacción de los agricultores tradicionales del valle va a ser de reserva frente a un proyecto, que no es solo para ellos sino pensado para abrir nuevas tierras”, manifestó.

CONSULTA PREVIA

Como tercer cuestionamiento, Alva Mariñas remarcó la consulta previa, pues indicó que los comuneros hicieron presente su malestar, incluso ante el Congreso de la República, diciendo que ellos no han sido consultados por parte del PEOT para hacer los estudios en sus tierras.

“Hace dos meses atrás no habían sido consultados ni en el estudio, ni que ahí se iba a construir una obra de esa magnitud, tampoco han sido consultados en meses recientes. Entonces, sin consulta previa, estamos en dificultades de cumplimiento de la ley y de la vulneración de derechos de una comunidad como lo es Santa Catalina de Chongoyape”.

“Hay que añadir otro elemento, también se estaría afectando a la reserva de Chaparrí, que está dentro de la comunidad campesina. Entonces tendríamos ahí, otro problema, que siendo un área protegida por el Estado y teniendo todos los procedimientos de carácter legal, no se ha informado de esta situación a la comunidad y procede alegremente a seguir adelante con un proyecto que tiene esas deficiencias y esos problemas”, acotó el antropólogo.

CUESTIONADO

Finalmente, Pedro Alva, refirió que la obra estaría siendo promovida y alentada por un socio estratégico del Estado como lo es Queiroz Galvao que forma parte del consorcio Lava jato y que está en proceso de investigación.